Ocho de los once acusados de formar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en clubes de Aragón y Alicante han reconocido este lunes los hechos en el arranque del juicio contra ellos, que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria, y en el que han aceptado penas de hasta más de 80 años de cárcel y multas de 96.650 euros.
Este es el caso del socio y subordinado directo del cabecilla, que se enfrentaba inicialmente a 518 años y nueve meses de prisión y 2,65 millones de multa que reclamaba la fiscal por los 137 delitos de prostitución -a mujeres procedentes del este de Europa, Sudamérica ynorte de África- que imputa en esta causa, además de uno de blanqueo de capitales -que también achaca a este procesado- y otro de tenencia ilícita de armas.
En cambio, no han reconocido lo sucedido el jefe de la banda, que se enfrenta a 555 años de prisión y 3,1 millones de euros de multa por los tres supuestos ilícitos; y sus hijos, para los que el ministerio público reclama 411 años de cárcel y 2,2 millones de euros por el delito de prostitución y 5 años de prisión y 900.000 euros de multa (al hijo) y 980.000 euros (a la hija) por el de blanqueo.
Al margen de estos tres encausados, los ocho restantes han reconocido lo ocurrido y se han mostrado conforme con el escrito de modificación avanzado por la Fiscalía y las nuevas penas propuestas.
Las mismas suponen una rebaja respecto a las iniciales al considerarles a siete de ellos -todos menos el socio del líder- cómplices del delito de prostitución -y no autores- y al entender también esta parte que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por estos hechos.
Así, en un principio a tres de los colaboradores se les imputaban un total de 64 delitos de prostitución, mientras que a otros se acusaba de 25, 24 ó 7 delitos de este tipo. Cada uno conllevaba pena de prisión (entre tres años y medio, y dos años y medio) y multa (oscilaba entre los 13.500 y los 6.750 euros).
Ahora, al admitir su participación en lo ocurrido, las penas que interesa la fiscal oscilan entre 32 años y tres años y medio de cárcel, aunque también se piden doce años y doce años y medio. Y las multas van de 3.150 a 28.000 euros, pasando por los 10.800 y 11.250 euros.
