El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo (2004-2007) declarará este lunes ante el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal como imputado por el dinero que él y su entorno habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, en lo que supone un nuevo impulso a esta investigación judicial.
El nuevo responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 acordó el pasado mes de julio una ronda de declaraciones que se celebrarán entre lunes y viernes y en las que intervendrán más de una veintena de personas, entre imputados y testigos.
El plato fuerte se servirá el lunes, cuando está previsto que declaren Morodo y su hijo Alejo, así como la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados. Al día siguiente comparecerán los también imputados Carlos Adolfo Prada, Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.
Abascal también tendrá la ocasión de preguntar a 16 testigos. El martes escuchará a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 que fue detenido en Madrid en 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, si bien ya se encuentra libre. Y el miércoles testificará Guillermo Morodo, hermano del otrora embajador, al que seguirán los demás.
DOCUMENTACIÓN BANCARIA
Abascal ha aceptado así las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción al considerarlas «pertinentes, necesarias y proporcionadas» para esclarecer «definitivamente los hechos y presuntos culpables».
Anticorrupción esgrimió que era necesario volver a escuchar a Morodo, además de a otros investigados y testigos, en relación con la documentación bancaria que se ha obtenido tanto de entidades españolas como de otros países y con los archivos incautados en algunos registros.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y el hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores sospechan que Raúl Morodo y su círculo familiar más íntimo recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». El Ministerio Público apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
