El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado este martes por pertenencia a organización terrorista a los 13 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la ‘Operación Judas’, siguiendo así el criterio de la Fiscalía. Además, a 9 de ellos les imputa tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a «la causa» para encargarles «las acciones más sensibles, que requieren un plus de compromiso y profesionalidad».
Todos los investigados, dice el magistrado, comparten principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello «la violencia en su máxima expresión».
De los 13 procesados, solo Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero lo son por pertenencia a organización terrorista, mientras que los 9 restantes –Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Joaquín Delgado– lo son también por tenencia de explosivos.
La pertenencia a organización terrorista está castigada con entre 6 y 12 años de cárcel y la tenencia de explosivos con entre 8 y 15 años, por lo que esos 9 imputados podrían ser condenados a hasta 27 años de cárcel. Pese a ello, el juez entiende que deben mantener la situación de libertad provisional, aunque exige a cada uno una fianza de mil euros.
OCUPACIÓN DEL PARLAMENT
Según el auto de procesamiento, los miembros del ERT han tenido participación activa en algunas de «las acciones más contundentes» que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el ‘procés’ desde la cárcel de Lledoners a Madrid.
También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado ‘CNI catalán’ para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.
Conforme relata García-Castellón, entrarían por la puerta principal porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.
Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el ‘CNI catalán’ para alquilar los inmuebles que les permitirían establecer bases de «intendencia», montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de 6.000 euros.
De esta forma, los 13 procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, «se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior».
PREPARABAN ATENTADOS CON EXPLOSIVOS
García-Castellón subraya que habrían superado los CDR hasta configurar «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».
Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, como la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También estaban interesados en torres de alta tensión, una plataforma fotovoltaica, galosineras de Repsol y un centro logístico de Amazon en Martorelles.
El instructor presta especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de San Andreu de la Barca, que Ros habría llevado a cabo en mayo de 2019 junto a su pareja sentimental Montserrat Casas Climent.
Asimismo, el magistrado resalta que Ros habría realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d’Esquadra, sin entrar en más detalles sobre estas personas.
Un informe de la Guardia Civil del pasado mes de mayo, explicó que esas búsquedas ‘online’ «tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes» y precisó que Ros buscó información del presidente del PP, Pablo Casado, Manuel Valls o José Manuel Villegas, entre otras personalidades.
«TERRORISMO CASERO»
El instructor identifica a Jolis como el «iniciador» del ERT, si bien atribuye a Garzón «un papel fundamental de dirección, coordinación, dinamización y planificación de las actividades» del grupo, con «una fuerte ascendencia sobre algunos de los miembros».
Buigas, por su parte, habría desempeñado destacadas funciones «siendo la persona que recibió del denominado ‘CNI catalán’ el encargo de preparar la logística necesaria» para ocupar el Parlament.
Ros, Tomas y Codina habrían sido los responsables de conseguir, fabricar y probar las sustancias explosivas. Por ejemplo, a Tomas se le encontró un archivo llamado ‘Terrorismo casero’, un manual para fabricar bombas que «podría capacitar a cualquier persona que lo posea».
Se le halló igualmente un manuscrito que venía a ser «un decálogo para los integrantes de una célula operativa durmiente lista para ser activada en cualquier momento, con capacidad para llevar a efecto cualquier tipo de acción de carácter violento». Hasta que llegara el momento, sus agentes debían aparentar «una vida normal». El objetivo era «crear el caos para hundir la economía.
Codina incluso prestó el jardín de su casa para hacer las pruebas de campo de los explosivos que fabricaban. En los registros le encontraron «termita ya elaborada y dispuesta para su uso», así como los elementos necesarios para confeccionar Amonal y Anfo, y mas manuales y vídeos, incluido uno del 11-S.
EL GERMEN DEL 1-O
El juez sitúa el origen del ERT en la «frustración» que provocó entre un sector de la sociedad catalana no ver colmadas las «aspiraciones independentistas» que se generaron con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
De cara al 1-O, explica, «a las clásicas organizaciones de corte independentista se unió un nuevo actor que se autodenominó CDR» y que «aportó gran dinamismo a la movilización callejera, siendo clave para la planificación y ejecución de acciones similares (pintadas) y complejas (huelgas generales, cortes del país, etc)».
Una vez superado el día ‘D’, los CDR deberían haberse extinguido, pero no lo hicieron, lo que –mantiene García Castellón– revela que «fueron concebidos con una finalidad que pretendía una existencia más allá de la citada fecha, lo que suponía la adopción de la idea original de Poble Lliure».
En cuanto al origen concreto de los CDR, apunta al «entorno de CUP». «Incluso se pueden vincular a la propuesta anterior, de Poble Lliure, de creación de Grupos de Defensa de la República Catalana (GDRC)», remacha.
