La Audiencia Nacional juzga desde este lunes y a lo largo de septiembre y octubre un fraude en las liquidaciones de IVA por la compraventa de hidrocarburos que habría costado más de 147 millones a las arcas públicas y que habría estado liderado por los hermanos José María y Pedro Torrens, administradores del Grupo Petromiralles.
El juicio, que se prevé que se alargue hasta el 21 de octubre, sentará en el banquillo a una veintena de personas, entre las que destacan los hermanos Torrens y Antonio Rodríguez Estepa, quien habría facilitado el entramado de «empresas instrumentales» para perpetrar el fraude fiscal, así como a más de una decena de personas jurídicas, incluidos los emporios de Petromiralles y Estepa, y el Bufete Orfisa.
La Fiscalía acusa por tres delitos contra la Hacienda Pública, uno contra el mercado de maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de documentos mercantiles, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, pero el único acusado por todos ellos es José María Torrens, para quien pide 19 años y medio de cárcel y, junto al resto de imputados, una multa de más de 440 millones de euros y una indemnización a Hacienda de más de 147 millones de euros.
De acuerdo con el Ministerio Público, «la mecánica defraudatoria» se asentaba en el régimen tributario de los depósitos fiscales de hidrocarburos, conforme al cual en las ventas se repercute IVA pero las compras están exentas. «Esto supone que estas empresas debían ingresar en sus liquidaciones por IVA cuotas muy importantes, ya que apenas tenían IVA soportado», pero no lo hacían porque «inventaban IVA soportado a través de facturas» de la madeja societaria.
De esta forma conseguían disponer de la mercancía «a un precio mucho menor al normal del mercado» y, en consecuencia, reducir sus precios de venta, acaparar el mercado y obtener «un amplio margen de beneficios».
El Ministerio Público subraya que «el comportamiento descrito originó fuertes distorsiones en el mercado y una competencia desleal con los operadores que cumplían con sus obligaciones fiscales», abocándoles incluso a «prácticas fraudulentas similares».
El fraude, que empezó primero en Cataluña y se extendió después a Andalucía, habría afectado a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, por los cuales las empresas de la trama dejaron de ingresar por IVA cuotas tributarias de más de 147 millones de euros.
«VERDADEROS EXPERTOS»
A la cabeza estarían los hermanos Torrens y Estepa, que habrían creado y gestionado una red de «empresas instrumentales» –con testaferros y sin actividad real– a través de las cuales se hacían las liquidaciones de IVA fraudulentas. Cuando los controles administrativos detectaban a alguna de estas compañías pantalla, era sustituida por otra.
Además, habrían realizado «todos los trámites necesarios para transformar los fondos ilícitamente obtenidos, de manera que los responsables del delito pudieran disfrutar de ellos en el mercado lícito». Lo hacían mediante «retiradas programadas» de dinero en efectivo llevadas a cabo por testaferros con una periodicidad de dos o tres veces por semana, operaciones electrónicas de las empresas instrumentales y transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, como en Hong Kong.
Finalmente, resalta Fiscalía, «para completar su implantación en todos los niveles del sector de la distribución de productos petrolíferos», ambos grupos empresariales –el de los hermanos Torrens y el de Estepa– explotaban varias estaciones de servicio.
El Ministerio Público ha llamado la atención sobre el hecho de que «en un sector tan especializado como el de la comercialización y distribución de productos derivados del petróleo, las personas que trabajan en él son verdaderos expertos», por lo que afirma que «todas las personas intervinientes en esta trama, cualquiera que sea el rol que desempeñen, son conocedoras del ‘modus operandi’ utilizado por la organización».
