El Gobierno ha anunciado la creación de grupos de delitos de odio, específicamente dedicados a esta tipología, dentro de todas las unidades de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto en dependencias centrales como periféricas. Además, quiere incidir en la prevención con herramientas de «evaluación de riesgo» que ya se usa en el sistema VioGén para casos de violencia de género.
Las medidas las ha anunciado el Ministerio del Interior en un comunicado tras la reunión de la comisión de seguimiento de delitos de odio presidida este viernes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La convocatoria se llevó a cabo tras la denuncia de la falsa víctima de homofobia que realizó un joven de Malasaña (Madrid) en una comisaría el pasado domingo.
Interior reforzará también los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018, ante el «crecimiento constante en torno al 9 por ciento anual desde 2014» de este tipo de delitos. La asistencia y apoyo a las víctimas de delitos de odio constituirá el «eje central» del segundo plan de acción para el trienio 2022-2024, «con medidas que se concretarán en las próximas semanas».
MÁS COORDINACIÓN
Se reforzarán también los mecanismos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales y se incidirá en la prevención del delito mediante el desarrollo de herramientas de evaluación de riesgo, un procedimiento que ya se aplica en el sistema VioGén de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.
La Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio se ha celebrado entre críticas de la oposición al entender que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pecó de imprudencia al dar credibilidad durante varios días a la denuncia del joven de Malasaña que, finalmente, confesó que las lesiones en labio y glúteo –con la inscripción de la palabra maricón– fueron consentidas.
BALANCE «POSITIVO» DEL PRIMER PLAN
Este nuevo plan establecerá ocho líneas de acción prioritarias e introducirá nuevas medidas complementarias al primer plan aprobado en marzo de 2019, vigente hasta 2021, que dotaba de instrumentos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante los delitos e incidentes de odio, «con un crecimiento constante en torno al 9 por ciento anual desde 2014», según Interior.
Se mantendrán iniciativas ya incluidas en el primer plan, cuya evaluación ha resultado «positiva», como el impulso de la formación y sensibilización de los miembros de las fuerzas y cuerpo de seguridad en la lucha contra los delitos de odio.
Durante su intervención, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha incidido en la importancia de estrechar «aún más» los lazos con organizaciones e instituciones de todos los ámbitos y ha agradecido expresamente su contribución al tercer sector. «Su colaboración ha sido clave para la puesta en marcha del primer plan de acción y estamos decididos a incentivar aún más su participación y a escuchar sus propuestas», ha manifestado.
ANTIGITANISMO
«Debemos trabajar específicamente también para atajar los delitos de odio motivados por antigitanismo, que sufrieron un incremento superior al 57% en 2020», ha añadido el titular de Interior.
En la reunión de este viernes, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Delitos de Odio, en Madrid, han estado presentes, además del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, los dirigentes de la Oficina de Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y mandos de Policía Nacional y Guardia Civil.
También han participado Boti García, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, del Ministerio de Igualdad; Fernando Rodríguez, coordinador contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Sala; Karoline Fernández, directora del Observatorio Español Contra el Racismo y la Xenofobia; Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP; Esteban Ibarra, del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, entre otros.
