Sindicatos docentes celebran, en general, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado este martes en Consejo de Ministros, pero lamentan que no aborde las condiciones laborales del profesorado.
Desde UGT consideran que este proyecto normativo supone «un primer paso imprescindible» por entender que estas enseñanzas son «fundamentales» para cambiar el modelo productivo del país y para la formación de los ciudadanos a lo largo de la vida.
Este sindicato celebra que el proyecto venga acompañado de una memoria de 5.474 millones de euros, pero pide que esta inversión se destine a aumentar las plantillas docentes en la FP, a ofrecer una mayor oferta formativa que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, y para la extensión de una red de centros en todo el territorio del Estado que asegure una oferta suficiente de plazas públicas.
En relación a aspectos a mejorar del documento, UGT menciona las condiciones laborales del profesorado. En concreto, exige la negociación urgente de los aspectos que preocupan a los trabajadore de la FP para garantizar la estabilidad de todo el profesorado, tanto funcionarios de carrera como profesorado interino.
Para ello, UGT propone que se ponga en marcha inmediatamente la integración de todo el profesorado técnico de FP con titulación de Grado o equivalente al subgrupo A1 y que se arbitren medidas para que el personal funcionario de carrera, que no posee la titulación de Grado o equivalente, pueda acreditarla y se incorpore en ese momento al subgrupo A1.
Por el contrario, desde STEs-Intersindical muestran su rechazo al proyecto, ya que en su opinión, se trata de una ley que «privatizará» la FP porque hará que esta formación esté «al servicio de las empresas», además de que «reducirá drásticamente el profesorado cualificado.
«La ministra Pilar Alegría habla y habla pero no escucha. Desde STEs-Intersindical pedimos que nos reciba y escuche a las organizaciones sindicales que representamos al profesorado y tenemos mucho que decir», señala el sindicato, que menciona el tema de las ratios, el currículo y el desarrollo de la LOMLOE, la Ley de Educación.
También desde ANPE valoran el proyecto, entre otras cosas, porque integra toda la Formación Profesional en un único sistema, pero advierten de que hay determinadas cuestiones que «preocupan». «La primera es la competencia que da esta ley a las empresas para poder calificar un porcentaje de los resultados de aprendizaje. Desde ANPE creemos que debe ser el profesorado de los centros educativos quien debe de calificar y valorar al alumnado y todas las tareas de carácter académico deben ser realizadas por el profesorado de los centros educativos», indican.
Igualmente, «preocupa» al sindicato la situación del profesorado de FP, pues han pasado 9 meses desde la entrada en vigor de la LOMLOE y el profesorado de FP con el título de Grado o equivalente aún no ha sido integrado en los Cuerpos de profesor de Secundaria, tal y como recogía la Ley educativa.
Por otro lado, ANPE avisa de que hay que dar solución al profesorado técnico de FP que no tiene titulación de Grado o equivalente. «A ver en qué grupo se van a encuadrar», afirma Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical del sindicato, que además recuerda la petición de ANPE de que estos profesores tengan las condiciones laborales similares a las que van a tener sus homónimos con el título de Grado o equivalente.
CENTROS DE FP PIDEN RATIOS MÁS BAJAS
Luis García, presidente de FPEmpresa, asociación que reúne a centros de Formación Profesional públicos y concertados de toda España, hace una valoración en general «positiva» del proyecto normativo. «Entendemos que es una ley que viene a poner al día la nueva realidad de la FP en relación con la nueva realidad productiva», señala.
García celebra que la futura Ley de la FP recoja las nuevas modalidades de FP dual, dada la importancia, a su juicio, de la labor práctica de los estudios de Formación Profesional. No obstante, pone el foco en la necesidad de bajar las ratios en las aulas, ya que este asunto no está reflejado en el proyecto. En su opinión, debería haber 25 alumnos por aula como máximo en la FP superior, de 20 en la FP media y de 15 en la FP básica. Y en las clases prácticas, de 15.
Asimismo, destaca la importancia de que se impulse la FP desde la Educación Primaria para dar a conocer a los futuros estudiantes qué es «y sobre todo demostrarles que es una carrera donde se puede aprender, se puede uno educar y formar, adquirir competencias profesionales». Además, «hacerla no impide continuar en la universidad, trabajar o participar en programas como el de Erasmus», subraya García.
ESTUDIANTES, EN CONTRA
A todo ello, asociaciones de estudiantes se oponen a este proyecto normativo por la cuestión de las prácticas en empresas.
Desde el Frente de Estudiantes, su dirigente, Eva Madariaga, señala que con la pretensión de que toda la FP (los grados C y D) sea dual, lo que se hace es «utilizar de manera generalizada al estudiantado como mano de obra, si no gratuita, cuasi gratuita, y por tanto, se naturaliza que el acceso al mercado laboral de la juventud sea en condiciones ultraprecarias».
Desde Frente de Estudiantes piden la inserción en el mercado de trabajo con las mismas condiciones que las de cualquier otro trabajador y que los estudiantes de FP no sean utilizados para sustituir puestos de trabajo, que es lo que ocurre «muchas veces» con las prácticas, según expone Madariaga.
La dirigente de a asociación critica que con esta ley haya una «mayor presencia directa de las empresas en la educación pública», lo que implica más influencia a la hora de estructurar los currículos y que la educación esté relacionada con el beneficio económico y no con las necesidades educativas.
También el Sindicato de Estudiantes critica este punto de la ley. «Sufriremos más precariedad en nuestras prácticas, se devaluarán nuestros títulos y nuestros centros continuarán sin recursos mientras las empresas se llevan todo el dinero público que debería ir destinado a garantizar una enseñanza pública y de calidad», critica la entidad.
Entre sus peticiones, destacan un plan de rescate para la Formación Profesional, que contemple una inversión económica para garantizar todos los recursos humanos y materiales en los centros, así como la puesta en marcha de un plan de modernización tecnológico en la FP, y que para la enseñanza pública sea del 7% del PIB.
Asimismo, piden la incorporación a la red pública de todos los centros de FP privada y concertada, garantizando la gratuidad de todas las plazas que sean necesarias y que las prácticas de los estudiantes sean «remuneradas dignamente y con derechos laborales por ley».
