Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de Salud Mental, que pauta aumentar el número de profesionales del sistema sanitario dedicados a este campo y acelerar los tiempos de atención a los ciudadanos.
También pauta, como recoge el texto, el despliegue de programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia del Covid-19.
La iniciativa parlamentaria, que han presentado este lunes los diputados del grupo confederal Sofía Castañón, Rosa Medel y Mar García, ha sido elaborada tras un proceso de consulta con distintos colectivos y asociaciones especializadas en salud mental.
Ahora y una vez que ya está formalizada una de las prioridades para el nuevo periodo de sesiones de Unidas Podemos, la intención es recoger aportaciones que puedan desplegar los grupos parlamentarios, con la confianza de que será apoyada por la mayoría de ellos.
SINTONÍA CON EL PSOE
Concretamente, Castañón ha explicado que se está dialogando de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y existe «completa sintonía» con el PSOE para impulsar esta normativa. Sobre todo porque es una ley que «urge» y sobre la que no cabe «ningún tipo de disputa partidista» por parte de ninguna formación. «El único interés es salvaguardar la salud mental», ha proclamado.
La formación morada ya anunció a finales de mayo el impulso de esta nueva normativa, similar a la ya presentada en 2019 pero que no se pudo tramitar por la disolución de las cortes.
Después de que Más País haya hecho bandera de esta cuestión, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ya dijo que «en política es importante lo que se dice, pero sobre todo es importante lo que se hace».
«Actualmente, la salud mental debe ser considerada una prioridad absoluta. De acuerdo con la previsión de la OMS, aproximadamente el 25% de la población tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Situaciones de incertidumbre vital como la crisis económica, el paro, la precariedad laboral o la exclusión social generan en las personas riesgos para su salud mental», desgrana la formación morada en su exposición de motivos para citar también el impacto «adicional» de la crisis del Covid-19.
RATIO MÍNIMA DE PROFESIONALES
La proposición de ley reconoce explícitamente el derecho a una atención integral y universal a la salud mental y establece unas ratios mínimas de profesionales. Concretamente, un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, además de unos tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental.
Eso sí, se introduce una disposición adicional en el texto del grupo confederal para especificar que este nivel de ratios se alcanzarán progresivamente en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor.
ES UNA «CUESTIÓN DE ESTADO»
Castañón, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ha destacado que es una «cuestión de Estado» abordar la situación de la salud mental y ha enfatizado que ahora el ratio de profesionales está «muy por debajo de los estándares europeos», por lo que es necesario llegar a ese umbral.
Por su parte, Medel ha señalado que el servicio público está «sobrepasado» y que la pandemia ha demostrado que se ha multiplicado por cien los casos de salud mental, como demuestra un estudio realizado en 55 países con 190.000 casos.
«Esta situación se traduce que sola las personas con recursos económicos pueden acceder a la salud mental privada, lo que provoca una situación de inequidad», ha ahondado la diputada para destacar que esta ley «va a asegurar un servicio de calidad y garantizar la equidad en el acceso a estos servicios».
Además, la propuesta de ley prevé medidas para la prevención del suicidio mediante el establecimiento de una línea telefónica gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa suicida y el establecimiento de protocolos de prevención e identificación «precoz» para grupos vulnerables.
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Junto a ello, establece la creación de una formación especializada para la prevención del suicidio y el estigma para personal sanitario, servicios de urgencia, bomberos, policía, protección civil, medios de comunicación, centros docentes y funcionarios de justicia.
Por otro lado, el texto opta por «atribuir al empresario la protección de la salud mental» de su plantilla como deber de prevención de los riesgos derivados del trabajo. De esta forma, contemplan «prevención, vigilancia y control», la «efectividad del derecho a la desconexión digital, la promoción de un ambiente agradable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional de las personas trabajadoras».
Además, defiende implantar programas específicos orientados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria, en Centros Educativos y en los Servicios Sociales, dirigidos especialmente a las y los niños y sus familias, identificando y abordando factores de riesgo psicosociales.
Junto a ello, contempla también el derecho de los enfermos a «una intervención en salud mental que las proteja de la iatrogenia», que todos los servicios que se presten en este ámbito adopten tratamientos basados en el «consentimiento libremente otorgado» y que «ninguna persona sea sometida a terapia electroconvulsiva si así se recoge en el Documento de Voluntades Anticipadas».
Mar García también ha explicado que esta normativa es un «cambio de paradigma», al poner «énfasis» en los condicionantes económicos, y en la salud mental de las madres. De hecho, ha explicado que el doble de mujeres presentan sintomatología de depresión.
