La Federación de Enseñanza de CCOO critica que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), promovida por el ministro de Universidades, Manuel Castells, se ocupa de «definir un nuevo modelo de gobierno de la Universidad pública presidencialista y gerencial en torno a la figura del rector en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación».
En este sentido, CCOO critica que con la nueva Ley, presentada este martes en el Consejo de Ministros en primera lectura, el rector tiene que rendir menos cuentas y designa al resto de órganos de gobierno unipersonales. Además, los departamentos carecen de regulación expresa y se refuerzan los Consejos Sociales en la política universitaria, excluyendo a cualquier integrante de la comunidad universitaria, añade el sindicato.
Con respecto a los apartados dedicados al profesorado de las universidades, CCOO considera que lo propuesto para los dos cuerpos funcionariales (catedráticos y titulares de universidad) permanecen «sin resolver los problemas de sus carreras profesionales, sin reconocerse el derecho a una carrera vertical con promoción interna y sin dar solución a la contradicción de un sistema retributivo que sigue dependiendo exclusivamente del Estado».
El sindicato subraya que la regulación del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral también «empeora notablemente» con la LOSU. En este sentido, critican que se elimina la figura del ayudante, limitando las posibilidades de iniciar una carrera académica exclusivamente a los contratos de personal investigador en formación, desaparece del texto la figura equivalente al actual profesor contratado doctor (con contrato indefinido, a tiempo completo), que queda a la discrecionalidad de la regulación de las comunidades autónomas, y los profesores ayudantes doctores acceden sin acreditación previa, pero carecen de promoción en su carrera laboral.
Por otro lado, considera que los cambios en la figura de los profesores asociados no aportan soluciones para resolver los problemas de temporalidad, precariedad y falta de promoción actuales y se establecen dos «figuras ornamentales y graciables», las de los profesores visitantes y distinguidos, los únicos que no están sometidos a ningún proceso de evaluación para su contratación.
Del mismo modo, el sindicato reprocha a Castells que el texto no venga acompañado de memoria económica, y que solo considera una cifra global de consecución del incremento de la financiación hasta el 1% del PIB en la próxima década, porcentaje que, además, todavía queda por debajo de la media actual de la UE y la OCDE. Para CCOO, esto no soluciona el problema de la financiación, puesto que «las universidades públicas mantienen un recorte acumulado en su conjunto de un 20% de la financiación pública desde 2009».
Por ello, CCOO exige que el Ministerio abra de forma inmediata un proceso de negociación «serio y responsable» con los agentes sociales, pues según el sindicato, el anteproyecto no ha sido consultado ni negociado con los agentes sociales. A su juicio, el articulado actual, «muy detallado en algunos apartados y demasiado vago en otros», no responde a los objetivos planteados en el preámbulo y supone una minoración de la democracia y la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de la Universidad.
En concreto, pide que el proceso de negociación incluya el Estatuto del PDI y la revisión del Real Decreto sobre régimen del profesorado universitario (1985) y del Real Decreto sobre retribuciones del profesorado universitario (1989).
