La propuesta de ley de segunda oportunidad del Gobierno español ha sido recibida con reticencia por varios propietarios de PYME y por la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña (Confederación de Trabajadores Autónomos).
LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
La razón de esto es que la nueva ley no va lo suficientemente lejos: no permite que las pymes al borde del cierre sean liberadas de las deudas que tienen con las autoridades y la seguridad social, aunque en el 90% de los casos estas deudas son el motivo de los cierres.
Tampoco será posible en virtud de la nueva ley que quienes trabajan por cuenta propia cedan activos en lugar de pago, lo que sería un gran incentivo para las empresas comerciales.
A la luz de lo anterior, ¿cuál es la opinión de la Comisión sobre la propuesta de ley de segunda oportunidad del Gobierno español?
Teniendo en cuenta las orientaciones de las recomendaciones específicas, ¿qué incentivos cree la Comisión que deberían incluirse en esta ley para proporcionar un entorno económico favorable a los emprendedores?
En España existe la Ley Concursal y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas sociales. Desde que entró en vigor en 2015, los particulares, tanto particulares como autónomos, pueden obtener la exención de responsabilidades insatisfechas.
Se trata de un mecanismo para ayudar a las personas que han pasado por una situación económica grave a empezar de cero o reestructurar sus deudas para no tener que cerrar su negocio.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
Mediante esta ley opera una limitación del principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil español, dirigida a abordar el problema del sobreendeudamiento de aquellas familias que, por una experiencia empresarial fallida u otras causas como la salud emergencia causada por el coronavirus COVID-19, se encuentran teniendo que pagar una deuda inasequible.
Beneficios de amparar a la Ley de Segunda Oportunidad:
Permite a un particular o autónomo beneficiarse de un proceso muy similar al concurso de acreedores -al que se ven sometidas las empresas cuando se encuentran en estado de insolvencia- con la posibilidad de renegociar deudas mediante una liquidación extrajudicial.
E incluso, en una fase posterior (concursos de acreedores consecutivos), obtener la cancelación de deudas impagables por falta de patrimonio suficiente.
Otorga a los tribunales la facultad de exonerar un porcentaje que puede llegar hasta el 70% del total de las deudas con Hacienda y Seguridad Social y de ordenar, limitar y cuantificar los pagos a plazos del resto de la deuda.
Inicialmente, las deudas garantizadas por una hipoteca no podían estar exentas de pago. No obstante, si ya existe un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se ha subastado el inmueble y el precio de remate obtenido no ha cubierto la totalidad de la deuda, se podría condonar el importe restante.
Hacer uso de la Ley de Segunda Oportunidad no significa que no tengas derecho a seguir trabajando y percibir un salario o seguir desarrollando la actividad profesional o empresarial que venías realizando.
Todo lo anterior significa que un juez te exonerará de tus deudas (exoneración inmediata), o que llegarás a un acuerdo de refinanciamiento con tus acreedores, que te permitirá salir de la situación actual, frenar las incautaciones, etc. (diferido exoneración).
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD?
- Consejeros de la empresa: pueden postularse aquellos que trasladen deudas después de la disolución de su empresa o que han garantizado la empresa con su patrimonio personal.
- Autónomos: aquellos que se encuentran sin financiación para seguir con su negocio y ven aumentar su deuda familiar.
- Personas con deudas por falta de trabajo, cargos a su nombre, principalmente hipotecas o contratos con entidades financieras.
REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE PARA LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
- Falta de activos para pagar deudas y dar en pago las que aún se mantengan a favor de los acreedores, salvo las de necesidad básica y las imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional en el caso de los autónomos.
- El importe de las deudas no debe superar los 5 millones de euros.
- Ser deudor de buena fe de acuerdo con lo establecido en la Ley Concursal (artículo 178 bis fracción 3).
CONCLUSIÓN
A aquellas personas cuyos negocios y empresas se ven afectados por el cierre nacional decretado para hacer frente al brote de COVID-19 se les ofrece una salida. Tienen la oportunidad de reestructurar sus deudas en lugar de tener que cerrar o la posibilidad de reanudar su actividad nuevamente sin tener que arrastrar deudas.
Esto significa llegar a un acuerdo con sus acreedores que les permitirá ganar tiempo para vender activos y evitar ejecuciones hipotecarias generalizadas, obtener la suspensión de intereses sobre préstamos excepto aquellos garantizados por hipotecas, detener embargos y ejecuciones hipotecarias y reducir las deudas mediante el alivio de la deuda.
Y si no se llega a un acuerdo, sus deudas podrían ser perdonadas.
