Investigadores de Suecia, Reino Unido e Israel afirman que puede haber llegado el momento de que muchos países industrializados resuciten una idea que antes se consideraba inviable: los derechos personales de emisión de carbono. El concepto, informan en un estudio publicado en la revista ‘Nature Sustainability’, tiene más posibilidades debido al empeoramiento de la crisis climática, los cambios en el comportamiento personal por la crisis de COVID-19 y los avances en inteligencia artificial y TIC.
Dirigido por el KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, el equipo de investigación de la Universidad de Oxford, el Centro Interdisciplinario (IDC) de Israel, Herzliya, y el University College London (UCL), publicó los principios de diseño para garantizar que los derechos personales de emisión de carbono beneficien a todas las naciones en términos de crecimiento económico, creación de empleo, mejor educación y protección de los derechos humanos, entre otras áreas, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Los investigadores descubrieron que los cambios de comportamiento debidos a la crisis del COVID-19, combinados con el aumento de la digitalización y los avances en las TIC y la inteligencia artificial, ofrecen una tormenta perfecta de oportunidades para reconsiderar una idea que en su día fue rechazada por estar «adelantada a su tiempo», como dijo el Gobierno británico.
La política climática actual aborda sobre todo las emisiones dirigidas a los grandes emisores de carbono, como las centrales eléctricas y las actividades industriales. Pero la nueva investigación se centra en la brecha existente entre las políticas públicas y el comportamiento individual.
«La gente observa impotente cómo los incendios forestales, las inundaciones y la pandemia causan estragos en la sociedad, pero no tiene capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos –afirma el autor principal, Francesco Fuso Nerini, profesor asociado de KTH y director del Centro de Acción Climática de la universidad–. Los derechos climáticos personales aplicarían un enfoque basado en el mercado, proporcionando incentivos y opciones personales que vinculen sus acciones con los objetivos globales de reducción de carbono».
La coautora Yael Parag, profesora de política energética en el IDC de Israel, afirma que el propósito subyacente de los científicos con el documento es ayudar a permitir la responsabilidad compartida, en todos los niveles de la sociedad, ya que la amenaza del calentamiento global es universal. «No se trata de trasladar la responsabilidad de la mitigación de los gobiernos y las grandes industrias a los individuos. Se trata de sumar a los individuos al esfuerzo», añade Parag.
Y los derechos de emisión ofrecen a los individuos un marco claro para contribuir de forma eficaz, afirma el coautor Paul Ekins, profesor de política de recursos y medio ambiente de la UCL. «La gente está desesperada por hacer algo… pero con demasiada frecuencia recibe consejos triviales, como el de enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas –afirma–. Un sistema personal de asignación de carbono les diría lo que pueden hacer para marcar una diferencia real, en un contexto en el que supieran que otras personas también harían su contribución».
«No hay que buscar más para encontrar una sugerencia radical y eficaz sobre cómo los individuos pueden hacer que su estilo de vida sea más respetuoso con el clima», apostilla.
La coautora Tina Fawcett, jefa en funciones del Programa de Energía del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, afirma que los derechos de emisión encarnan la equidad y la transparencia, ofreciendo a las personas opciones significativas. «No elimina la necesidad de tomar algunas decisiones difíciles, pero garantiza que éstas se sumen a una acción efectiva de toda la sociedad para reducir nuestro riesgo climático», afirma.
Los avances en el campo de las TIC y la inteligencia artificial han hecho posible que los derechos de emisión, que antes se consideraban demasiado costosas e inviables, puedan aplicarse ahora con menos dificultad. Sin embargo, los investigadores afirman que deben diseñarse de forma que no afecten negativamente a las poblaciones pobres y vulnerables, y deben considerar cómo sus componentes se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad, entre otros.
Fuso Nerini afirma que la aplicación de los derechos de emisión requerirá que los países «sean los primeros en actuar». «Hay claros riesgos políticos en la defensa de políticas desafiantes o radicales, especialmente si nunca se han aplicado en otro lugar y no hay experiencia política previa de la que aprender», afirma.
«Al mismo tiempo, esos ‘pioneros’ pueden experimentar beneficios que van mucho más allá de la reducción de las emisiones y la consecución de los objetivos netos cero», añade.
Entre estos beneficios podría estar el de contribuir a una recuperación sostenible de la crisis de COVID-19. Los derechos de emisión favorecerían la adopción de estilos de vida con bajas emisiones de carbono y, por tanto, beneficiarían a las infraestructuras y a la innovación con bajas emisiones de carbono.
Según Fuso Nerini, esta dirección abriría el camino a nuevas empresas y tecnologías que contribuyan a reducir las emisiones personales. Por ejemplo, las nuevas empresas tecnológicas podrían aprovechar el comercio de créditos de carbono entre particulares, poniendo en contacto a los que tienen más derechos de emisión de carbono de los que necesitan con los que necesitan derechos.
