La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), aprobada en 1982, es la documento marco que ha inspirado todas las políticas sociales posteriores en el ámbito de la invalidez.
Fue sancionado poco después del Año Internacional de las Personas con Discapacidad y justo antes de la aprobación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad.
LISMI
Sin duda, los responsables de la formulación de políticas se vieron influidos por la tendencia internacional hacia reconocer la necesidad de una gestión adecuada de los problemas a los que se enfrentan los discapacitados.
La ley comparte con el Programa de acción sobre las personas discapacitadas y las subsecuentes Reglas Estándar de la ONU de 1993 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidades los principios clave de prevención, rehabilitación e integración.
De ahí que las directivas españolas, europeas y globales hayan ido paralelas en tratando de combatir el «etiquetado» de las personas con discapacidad en la sociedad, y en el desarrollo de una concepto multidimensional de discapacidad, que reconoce tanto física como mental condiciones y factores contextuales tanto individuales como ambientales.
La LISMI obliga a las empresas con más de 50 empleados a contratar el 2% de trabajadores discapacitados y, en su defecto, a la aplicación de medidas alternativas que impliquen la compra de bienes o servicios a un centro especial de empleo o donación a una fundación que tenga como objetivo la formación de personas con discapacidades para la inserción laboral.
¿QUÉ ES LISMI?
Se trata de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas con Discapacidad, que prevé para las empresas públicas y privadas que empleen a más de 50 trabajadores, la obligación de contratar un número de trabajadores discapacitados no inferior al 2%. (Art. 38)
¿Existe una opción de cumplimiento alternativa?
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cupo alternativo de reserva excepcional de cupo para trabajadores discapacitados.
Cuantificación de la reserva:
- Número medio de empleados en los 12 meses inmediatamente anteriores.
- Empleado con contrato fijo a tiempo completo o parcial = 1
- Trabajador con contrato temporal de un año = 1
- Contrato temporal de menos de un año = 1 trabajador por cada 200 días trabajados o parte de los mismos.
- El planteamiento de la Inspección de Trabajo y SS es que el cómputo lo realiza CIF.
Causas del arte excepcional. 1.2:
Imposibilidad del Servicio Provincial de Empleo para atender los trabajos presentados.
Existencia y acreditación de circunstancias, producción, técnicas. Organizacional o financieramente para motivar la dificultad particular de contratar trabajadores con discapacidad.
Aplicación de la declaración de excepcionalidad:
- Debe realizarse antes de la adopción de medidas alternativas. En la Subdirección de Políticas Activas del INEM (organismo responsable del distrito de negocios Supra) se hace un formulario en el que se invoca tanto la declaración de excepcionalidad como la opción de una medida alternativa.
- Hay silencio administrativo a los dos meses de la presentación de la solicitud.
- Si se niega la unicidad deberá cumplir con el requisito de reserva o iniciar trámite alegando otras causas que justifiquen la excepcionalidad.
- El período de validez es de 3 años después de la terminación o el efecto del silencio positivo.
¿CUÁL ES EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE EXCEPCIONALIDAD?
El propósito de la ley es el empleo directo de personal discapacitado. La empresa incluso contrata bienes y / o servicios, debe probar en los 2 años que tiene vigencia el Certificado de Excepcionalidad, contratando a discapacitados progresivamente hasta llegar al 2% de su plantilla como mínimo.
Pasados 2 años, si no se logra, se obliga a volver a cumplir con la cuota del 2% de personal discapacitado, por lo que deberá volver a solicitar un Certificado de Excepcionalidad, no cumple con esta obligación, para optar a las Medidas Alternativas en cumplimiento del RD 27/2000.
Una vez que tenga la autorización de excepcionalidad, las medidas alternativas pueden incluir:
- Donaciones o actividades de patrocinio con fundaciones o entidades benéficas cuyo objetivo social sea la formación y el empleo de personas con discapacidad. 1,5 x cálculo de IPREM *
- Contratos de compra de bienes o servicios a Centros Especiales de Empleo (CEE) o autónomos con discapacidad. Cálculo 3 x IPREM *
- Constitución de trabajo con enclaves de la CEE. Cálculo 3 x IPREM *
- IPREM = Indicador de Renta Pública de Efectos Múltiples. Es una cantidad fijada anualmente por el Gobierno de España.
¿Haber contratado ya bienes y / o servicios con un centro especial de empleo estás cumpliendo con la ley?
No, se requiere la aplicación del “Certificado de Excepcionalidad” en la oficina del INEM o la SCC. Una vez obtenido, deberá realizarse nuevamente el contrato de bienes y / o servicios ya firmado para que sea válido y cumpla con la Ley de Medidas Alternativas.
¿TIENES PRESUPUESTO PARA CONTRATAR O DEBES QUE DONAR?
El monto anual de los contratos anuales con CEE o civil, será al menos 3 veces el salario mínimo anual por cada trabajador discapacitado que deje de contratar cuota inferior al 2% de su plantilla.
El monto anual de la donación debe ser al menos 1,5 veces el SMI anual por cada trabajador discapacitado que deja de contratar cuota por debajo del 2% de su plantilla.
No, solo se pueden realizar donaciones a organizaciones o asociaciones de utilidad pública cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo para personas con discapacidad. Las entidades cuyo objeto social sea diferente, no podrán ser beneficiarias de la subvención en cumplimiento de medidas alternativas.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA LISMI?
Las infracciones en la materia objeto de esta Ley serán sancionadas de la siguiente manera:
- Infracciones leves en su nivel mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros, en su grado medio, de 6.001 a 18.000 euros, y en su máximo de 18.001 a 30.000 euros.
- Incumplimientos graves con multas, grado mínimo, de 30.000 a 60.000 euros en grado medio, de 60.001 a 78.000 euros, y en su máximo de 78.001 a 90.000 euros.
- Infracciones muy graves con multas, de un mínimo de 90.001 a 300.000 euros en grado medio, de 300.001 a 600.000 euros, y en su máximo de 600.001 a 1.000.000 euros.
- Además de las sanciones, en España, el pliego de condiciones administrativas puede exigir a los licitadores que presenten un certificado que acredite el cumplimiento por parte de los licitadores del requisito de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad o el cumplimiento de medidas alternativas. Esta nueva legislación abre la posibilidad de reclamar a las autoridades sobre tales pruebas para invalidar o reclamar la contratación pública adjudicada a los competidores.
EL ACTUAL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESPAÑOL SE REMONTA A LA DECLARACIÓN DEL ACTUAL
Constitución de 1978, que puso fin a cuarenta años de dictadura. La constitución española reconoce la igualdad jurídica de todos los españoles sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Además, reconoce los derechos a la educación y al trabajo, mencionando específicamente la necesidad de desarrollar políticas de empleo, formación y readaptación, con especial atención a las personas con discapacidad en términos de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración.
