La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, en el marco del control rutinario que realiza sobre el comercio de pescado, ha intervenido en los puertos de las localidades de Alicante, Santa Pola y Altea un total de 472 kilogramos de mercancía que estaba siendo transportada de manera ilegal. Cuatro personas y una empresa han sido propuestas para sanción.
En concreto, en la actuación realizada en Santa Pola, los agentes han localizado 220 kilogramos de marisco congelado que carecía tanto de la trazabilidad, necesaria para conocer su lícito origen, como de la indicación de la fecha final de consumo óptimo, lo que puede significar un «riesgo serio» al desconocer si la fecha límite ha sido superada.
En otras dos inspecciones, realizadas una en el puerto de Alicante y otra en el de Altea, los agentes han intervenido sendos vehículos que transportaban ejemplares inmaduros de merluza, que habían sido capturados y vendidos sin haber pasado por la lonja, ha informado el Instituto Armado en un comunicado. La mercancía estaba siendo transportada de manera oculta entre otros ejemplares que sí cumplían con los requisitos legales de talla y trazabilidad.
Para la especie ‘Merluccius merluccius’, la talla mínima reglamentaria es de 20 centímetros, mientras que los ejemplares de pescadilla intervenidos por la Guardia Civil en estas inspecciones –52 kilogramos en Alicante y 200 en Altea– registraron una talla media de 16 centímetros.
En este sentido, la Benemérita recuerda que la pesca de ejemplares inmaduros merma la capacidad de supervivencia de la especie, al ser capturada antes de alcanzar la edad reproductiva. Además, precisa que la carencia de etiquetado, observada en todos los casos, repercute en la imposibilidad de comprobar que los productos alimenticios hayan pasado los controles sanitarios y, por ende, la información de tales extremos a los consumidores.
Como resultado de las tres actuaciones, el Seprona ha intervenido casi media tonelada de productos pesqueros. La merluza, tras pasar los controles oportunos, ha sido donada a asociaciones benéficas. En el caso del marisco, al no poder comprobar su fecha de caducidad, se ha procedido a su destrucción.
Cuatro personas físicas y una jurídica, así como el patrón y un armador de un buque pesquero que fue sorprendido vendiendo la mercancía a los transportistas inspeccionados en Altea han sido propuestos como presuntos autores de infracción.
Las infracciones observadas en las tres inspecciones están clasificadas como graves, por lo que conllevan posibles sanciones a cada uno de los implicados de 601 a 30.000 euros. Las actas de inspección instruidas por los agentes han sido puestas a disposición de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y a la de Sanidad y Salud Pública, competentes para resolver los expedientes administrativos.
