El pleno del Parlament ha validado este jueves el decreto de la Generalitat para crear el fondo de 10 millones de euros para contraavalar los avales emitidos desde el Institut Català de Finances (ICF) para las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impone a 34 excargos del Govern por la política exterior de la Generalitat.
Lo ha hecho con el apoyo de ERC, Junts y la CUP; la abstención de PSC-Units y comuns, y el rechazo de Vox, Cs y PP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya acordado por unanimidad un dictamen mediante el que avala este decreto –el 15/2021– y recomienda modificar algunos artículos para evitar «dudas que suscita el redactado actual».
El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha apostado por tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar los cambios en la redacción que plantea el CGE –«que en ningún caso modifican ni alteran su contenido»–, algo que ha prosperado con el apoyo de todos los grupos excepto Cs, que se ha abstenido.
Giró, que ha sido aplaudido tras la aprobación, ha defendido que el dictamen del CGE «despeja las dudas sobre su legalidad que intencionadamente se habían difundido las últimas semanas», y ha asegurado que el fondo protege a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y permite llevar a cabo la acción política sin miedo y angustia.
Considera que el decreto evitará el sufrimiento de servidores públicos y sus familias: «Permitirá avalar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, y nos ayudará a reducir la sutil represión del miedo que ahoga la legítima y democrática acción política en Cataluña».
Ha lamentado la apuesta de Cs y de Vox de llevar el asunto a la Justicia –la Fiscalía ha abierto una investigación tras una denuncia de Cs–, y ha asegurado que lo que hacen es renunciar a su soberanía política y claudicar, porque deciden «subcontratar su trabajo a los tribunales y a la Fiscalía», y les ha pedido mantener debates políticos y no promover juicios políticos.
DEBATE DE LOS GRUPOS
La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha criticado la gestión que ha hecho el Govern para la creación de este fondo y que Giró anunciara que el Institut Català de Finances (ICF) se haría cargo después descartar que lo hiciera, algo que cree que le resta credibilidad, y se ha preguntado la razón por la que algunas aseguradoras excluyeron determinados riesgos de los seguros de la Generalitat.
Por la bancada de Vox, Joan Garriga ha dicho dar el mismo crédito al dictamen del CGE que avala el decreto que a los que nombraron a los miembros de este órgano, y ha anunciado una querella para los firmantes del decreto por prevaricación y malversación porque «buscan que todos los catalanes paguen sus fechorías: ¿España nos roba? No. Los separatistas nos roban».
Eulàlia Reguant (CUP) ha defendido el decreto porque Cataluña tiene competencia en política exterior y porque cree en la unidad de estrategia en la defensa de los «represaliados», pero ha reprochado al Govern actuar tarde ya que se sabía que se actuaría desde el Tribunal de Cuentas y ha exigido al Ejecutivo de Aragonès trabajar para que el ICF sea una banca pública que pueda actuar en estos casos.
Desde los comuns, Susanna Segovia ha dicho que apoyan este fondo pero no la forma en que se ha promovido ni su afectación sobre el ICF, y ha advertido de que en determinadas manos podría utilizarse de cualquier manera: «Gente como Díaz Ayuso no sabemos qué podría llegar a hacer», ha dicho en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Carlos Carrizosa (Cs) ha replicado a Giró que mantienen abierta la vía judicial: «Si estos millones salen de las arcas públicas para ir a cubrir las responsabilidades de estas personas, ustedes van acabar en el banquillo de los acusados», y ha expresado su agradecimiento a los miembros del ICF que han dimitido.
El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha tachado a Giró de trilero, «pero esta vez le pillaron la bolita» porque ninguna entidad financiera se ha ofrecido para gestionar el fondo, y ha resaltado que si fuera tan legal como dice el Govern no se hubieran producido dimisiones en el ICF.
Desde Junts, Elsa Artadi ha destacado que este debate «no va solo del decreto ley, sino de la represión y de la persecución del Estado español al independentismo», ha asegurado que el objetivo de esta causa es que la Generalitat deje de hacer política exterior, y ha acusado a los socialistas de ser cómplices del caso.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido que el ICF es un ejemplo de rigor y de buen trabajo, y ha acusado al Tribunal de Cuentas de generar arbitrariedad e indefensión aplicando la estrategia del miedo, y de ser experto en «absolver amigos y perseguir a políticos».
