La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona declara este martes como testigo en el conocido como caso ‘niñera’, donde el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, Teresa Arévalo, como cuidadora de su hija durante un viaje de campaña por las elecciones generales de 2019.
El juez José María Escribano la citó porque fue ella quien ante otro instructor, el del caso ‘Neurona’, reveló que a través de una «denuncia interna» le llegó que Montero usaba a «una persona a sueldo del partido», que identificó como Arévalo, «como cuidadora de sus hijos», «lo cual, además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal».
En concretó, Carmona expuso en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, dirigido por Juan José Escalonilla, que Montero usaba «habitualmente» a Arévalo para cuidar de su hija. A este respecto, contó que ambas hicieron un viaje de campaña a Alicante el 20 de octubre de 2019 costeado con fondos electorales para asistir a un mitin y que, cuando la ahora ministra tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.
El pasado mes de abril, el juez Escribano acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo por este asunto, aunque solo citó como imputada a la asesora política, puesto que la ministra de Igualdad está aforada ante el Tribunal Supremo (TS).
EN BRAZOS «UNOS SEGUNDOS»
Arévalo declaró el pasado 14 de julio para precisar al magistrado que viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa de Gabinete, indicando que en algún momento pudo hacerse cargo de la menor, si bien al mismo tiempo defendió que sostener a una niña en brazos «unos segundos» no implica hacer labores de niñera.
En la misma línea se expresaron la gerente y el tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, que días después, el 19, comparecieron como imputados. Ambos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación ‘morada’ que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.
Tras esta ronda de interrogatorios, el abogado de Podemos, Raúl Maíllo, manifestó en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla que «no hay causa», por lo que confió en que, una vez desmontado el «bulo», el procedimiento concluya «cuanto antes».
En cambio, desde el otro extremo, la abogada de Vox, Marta Castro, que ejerce de acusación popular en este caso, estimó que es necesario seguir investigando. Así, avanzó que pedirían al juez que indagara «en la vía de intervención de la Policía Nacional en la seguridad del acto» electoral.
