Las empresas que aún no hayan depositado sus cuentas anuales solo dispondrán de cuatro días para adaptarlas a los nuevos requisitos que entran en vigor tras la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las órdenes que incluyen los modelos de presentación en el Registro Mercantil.
Desde el Consejo General de Economistas de España han criticado, a través de un comunicado, la tardanza de dicha publicación, que consideran que supone «un nuevo obstáculo y una presión más para el mundo empresarial».
Según el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades (empresas y otros sujetos obligados) deberán depositar sus estados financieros anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, siendo lo habitual que se preparen y presenten durante el mes de julio dado que las juntas generales de las compañías en las que se aprueban las cuentas suelen celebrarse a finales de junio, tras la campaña de sociedades.
Los economistas han criticado que estos nuevos modelos incluyen una novedad que complica esta adaptación de las cuentas, que es la denominada «hoja Covid-19», que tiene como objeto permitir analizar los efectos de la pandemia y valorar las medidas de política económica puestas en marcha.
A este respecto, en representación del Consejo General de Economistas de España, su presidente, Valentín Pich, ha manifestado su insatisfacción por las fechas en las que se han publicado estos modelos.
«El retraso en la publicación de estos nuevos modelos supone una presión añadida para las empresas tras el duro período por el que están atravesando; pero no solo por las complicaciones administrativas sino también por los costes de cumplimiento que esto va a suponer, especialmente para las pymes», ha señalado Pich.
Con respecto a la nueva «hoja Covid-19», el presidente de Economistas Contables, Francisco Gracia, ha apuntado que «muy posiblemente» muchos de los datos solicitados ya estén a disposición de la administración, por lo que le resulta «poco comprensible» que un problema de coordinación entre las administraciones públicas en materia de tratamiento de datos se intente solucionar con una nueva carga para las empresas y, además, en la última semana de campaña.
Además para el Consejo General de Economistas, «parece contradictorio que, por una parte, se promuevan nuevas regulaciones para favorecer el clima de negocios y reducir las trabas a las empresas, y que, por otra, se complique la vida de las compañías con cuestiones como esta».
