El Pleno de Cibeles ha aprobado este miércoles en una moción de urgencia, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, suspender los expedientes sancionadores en trámite por incumplimientos durante el primer estado de alarma, pero no iniciar de oficio la devolución de los ingresos concluidos por estas sanciones cobradas por el Ayuntamiento de Madrid.
La moción ha sido presentada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, después de que el Tribunal Constitucional estimara parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma.
En su intervención, Ortega Smith ha defendido que la diferencia entre un Estado de Derecho y «el Gobierno cubano» es que en el primero hay «que ajustarse al derecho». «No da la mismo un estado de alarma que de excepción», ha subrayado, además de insistir en que se realizó una vulneración de derechos fundamentales y que entienden que debería paralizarse cualquier tramitación de expedientes sancionadores.
En esta línea, la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha destacado que es «gravísimo» para la democracia el «varapalo judicial galáctico» que ha recibido el Gobierno central por haber realizado un «uso abusivo de su poder suspendiendo derechos fundamentales con un instrumento jurídico no adecuado y todo por no someterse al veredicto del Parlamento».
De la misma forma, ha censurado el «ataque furibundo» al Tribunal Constitucional porque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no le ha gustado la sentencia». Sanz también ha reprochado que desde el Ayuntamiento han realizado un esfuerzo para cumplir esta normativa con 16 millones de euros en horas extraordinarias a policías municipales y para que luego «no valga para nada».
Así, ha precisado que van a estudiar con calma la sentencia y se dedicarán a «deshacer el entuerto» en el que les ha metido el Gobierno de España.
Por su parte, la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra ha incidido en que el PSOE ha realizado un «ataque» al poder judicial y que el Ayuntamiento «tiene que cumplir la ley».
En el lado opuesto, la concejala socialista Mar Espinar ha criticado que se contemple la idea de poner a los letrados municipales a trabajar de oficio a favor de los madrileños que han circulado indebidamente durante el estado de alarma y ha subrayado que el estado de alarma «salvó miles de vidas».
En esta línea, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado que personas se hayan dedicado a «sacar tajada política» de la pandemia y ha afirmado que la derecha «va a utilizar todas las armas, la especulación, los insultos y el ataque constante contra el Gobierno de España».
«No es una proposición preocupada por la sanciones», ha defendido Maestre, quien ha subrayado que su única intención es hacer de nuevo «oposición» al Gobierno central, algo que asegura que es «lo contrario» que hizo la oposición en el Ayuntamiento.
