El Tribunal de Cuentas es el órgano superior de contabilidad gubernamental de España responsable del control de las cuentas públicas y de la auditoría de la contabilidad de los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución y su Ley Orgánica.
TRIBUNAL DE CUENTAS Y LOS CONFLICTOS POLÍTICOS
Solo un Estado que ha perdido el sentido de la vergüenza y que, sin complejos, persigue descaradamente a sus ciudadanos por el simple hecho de ser independentistas puede explicar cómo un organismo desprestigiado como el Tribunal de Cuentas de España está actuando como una institución depredadora que toma posesión de los bienes de las personas y las deja lo más cerca posible de la indigencia han indicado ex diligentes políticos.
Por su parte, Albert Royo, que fue secretario general de la red Diplocat de delegaciones catalanas en el exterior entre 2013 y 2017, anunció que el Tribunal de Cuentas reclama 4,5 millones de euros por la acción exterior llevada a cabo durante su mandato.
Está claro que hay una cantidad de decenas de millones de euros que el órgano de control público español quiere que dejen a treinta y cinco ex altos funcionarios independentistas para cubrir su responsabilidad civil, probablemente a finales de junio.
La lista la encabezan Puigdemont, MAS y Junqueras y el Tribunal de Cuentas parece decidido a que nadie se salve.
Paradójicamente, la institución que dicta la sentencia ni siquiera es un tribunal de justicia de pleno derecho, ya que está formado por miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, principalmente a propuesta del PP y del PSOE, algunos de los cuales ocuparon cargos con anterioridad de responsabilidad política.
Por allí han pasado hermanos del exprimer ministro José María Aznar, los suegros de Rodrigo Rato y otros exministros, aceptando que la fiscalización realizada tendría tantas lagunas como intereses afectados.
Y que un centenar de las 700 personas que emplea la institución son familiares o colaboradores cercanos de sus miembros y altos funcionarios.
ÚLTIMO ESCÁNDALO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El último escándalo en el que se ha visto envuelto el Tribunal de Cuentas es la revocación de la sentencia dictada a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a los concejales de su equipo municipal, por la venta de 18 urbanizaciones pertenecientes a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo empresarial Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria perteneciente al fondo Blackstone.
La absolución se decidió por dos votos contra uno, los de dos jueces propuestos por el PP, uno de ellos exministro de Aznar -esposo de Ana Botella- Margarita Mariscal de Gante.
La decisión inicial, que imponía una condena de casi 26 millones de euros por vender las viviendas por debajo de su valor de mercado a un fondo buitre, quedó así descartada.
Este, entonces, es el organismo encargado de auditar las cuentas del Estado en sus diferentes niveles administrativos, y las de los partidos políticos. No se puede esperar nada bueno de ella en un momento en que el rearme del estado profundo contra el movimiento independentista se ha relanzado a una velocidad meteórica, han dicho los críticos.
Los resultados de las elecciones de Madrid son los que son y no hay nada como Cataluña para usar como objetivo. Tribunal de Cuentas, indultos, juzgados ordinarios, multas… El inventario que ha acumulado el Estado español a lo largo de los años es insuperable.
EX DIRIGENTES CATALANAS CONDENAN LA SENTENCIA JUDICIAL ESPAÑOLA
Exlíderes catalanes han condenado las demandas del Tribunal de Cuentas de España de devolver 5,4 millones de euros en fondos del gobierno regional que, según alegan, utilizaron incorrectamente para promover la independencia.
Un comunicado emitido por 41 funcionarios, incluidos ex jefes y ministros del gobierno catalán, dijo que las demandas de la corte contravienen su derecho constitucional a la libertad de expresión.
Su condena se produjo cuando Pedro Sánchez, el primer ministro de España, se preparaba para reunirse con Pere Aragonès, el nuevo jefe regional independentista de Cataluña, por primera vez más tarde el martes.
Sánchez espera mejorar las relaciones con la administración catalana y la semana pasada indultó a nueve líderes separatistas encarcelados. Pero el tribunal de cuentas exige arriesgarse a socavar su apelación de «diálogo y entendimiento» sobre la disputa por la independencia.
Las campañas de los líderes separatistas llevaron a un referéndum ilegal en 2017 seguido de una breve declaración de independencia. Varios líderes separatistas fueron condenados a largas penas de cárcel, mientras que otros huyeron de España.
Aragonès ha dicho que solicitará un referéndum oficial sobre la independencia y una amnistía para los separatistas investigados. Sánchez, quien ha enfrentado duras críticas a los indultos de sus opositores de derecha, ha rechazado las demandas.
RESPONSABLE DEL CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE ESPAÑA
El tribunal de cuentas, que no forma parte del poder judicial, es responsable del control de las cuentas públicas de España. Responde directamente al parlamento, cuyas cámaras alta y baja nombran a sus 12 miembros. Tiene el poder de incautar activos si no se cumplen sus demandas de pago.
El tribunal ha dicho anteriormente que los exfuncionarios utilizaron ilegalmente dinero público entre 2011 y 2017 para promover la causa de la independencia catalana a nivel internacional. Esto incluyó los gastos de viaje y el establecimiento de al menos 16 «embajadas» en el extranjero.
Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña y el más destacado de los separatistas indultados, recibió la orden de devolver 1,9 millones de euros, según informes de los medios españoles.
Carles Puigdemont, un exjefe del gobierno catalán que huyó a Bélgica después de la declaración de independencia, también recibió la orden de devolver 1,9 millones de euros, dijeron los medios.
Puigdemont escribió el martes en Twitter que a su abogado solo le habían dado tres horas para leer 500 páginas de documentos judiciales y 10 minutos para presentar su caso.
Se espera que el fallo del tribunal, incluidas las demandas de reembolso, se publique en los próximos días.
Andreu Mas-Colell, de 76 años, exministro de Hacienda catalán, también se enfrenta a una demanda judicial de un gran reembolso. Ex profesor de economía de Harvard, ha recibido el apoyo de 53 economistas, incluidos 33 premios Nobel, que escribieron una carta instando al Estado español a no imponerle una gran multa.
Su hijo, Gabriel Mas, dijo al Financial Times: “En los próximos 15 días, Andreu tendrá que depositar una fianza de 670.000 €-2,8 millones de € como resultado de una decisión administrativa en la que no ha participado ni un solo juez”.
