El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha pedido al Tribunal Constitucional un «criterio claro» tras su sentencia que declara inconstitucional el confinamiento sobre cómo actuar con las denuncias del primer estado de alarma que ya han sido pagadas.
En concreto, en base a este primer estado de alarma se han tramitado 22.955 denuncias (13.500 por parte de la Ertzaintza y otras 9.500 de las policías locales). A ellas hay que añadir las que tramitan los Ayuntamientos de Barakaldo, Bilbao y el de Vitoria-Gasteiz, que tienen proceso sancionador propio de las denuncias del estado de alarma.
Tras intervenir en Bilbao en un acto organizado por Euskaltzaindia y la Fundación Sabino Arana, Erkoreka ha explicado que los expedientes se encuentran «en muy diferente fase de tramitación», ya que algunos expedientes se han concluido y las sanciones «han sido pagadas» en unos 5.000 supuestos. Ahora, habrá que esperar a ver si el TC dice que es obligatorio volver a restituir la situación original «en todos los supuestos, se haya pagado la multa o no, se haya recurrido o no».
«Son dudas que emergen ahora y que el Tribunal, cuando dicte sentencia, aclarará», ha añadido para advertir de que, «tanto si hay que paralizar los expedientes» o incluso devolver las cantidades a quienes hayan abonado la multa.
«Son muchísimos los expedientes puestos en marcha, muchos de ellos resueltos e incluso recurridos y resueltos en vía judicial. El Tribunal tendrá que dejar algún criterio clara para indicarnos cómo actuar», ha concluido.
«SORPRENDE Y CHOCANTE»
En este contexto, Erkoreka ha considerado «sorprendente y chocante» que la decisión del Constitucional ante un estado de alarma, adoptado en marzo de 2020, «que ha marcado la conducta, comportamiento y modos de hacer» no solo de la ciudadanía sino del conjunto de instituciones públicas «durante bastantes meses», quede ahora «en agua de borrajas» por «una cuestión de nomenclatura o de adaptación a un tipo u otro de los previstos en la ley».
En su opinión, esta resolución va a traer «consecuencias importantísimos en todos los órdenes» y, en concreto, en lo que compete a la Administración, ha recordado que la declaración del Estado de alarma conllevó un llamamiento «a todas las Policías» de «implicación, compromiso y singular diligencia en el cumplimiento estricto de la normativa de salud pública que entraba en vigor».
A su juicio, la Ertzaintza y las Policías locales «cumplieron rigurosamente el cometido que se les encomendó de ser exigentes, de ser rigurosos». El Departamento de Seguridad realizó, según ha dicho, «un esfuerzo organizativo importante», con contratación de nuevo personal e inversión en una aplicación informática, ante la «repentina multiplicación por 40 del número de expedientes sancionadores» que se tramitan anualmente.
Josu Erkoreka considera que ahora «buena parte de lo que se ha hecho puede quedar en agua de borrajas». «Puede comprenderse el desánimo que transmite una decisión de este tipo tras el esfuerzo ímprobo desarrollado y pedido a los cuerpos policiales», ha indicado.
Ha emplazado a que la sentencia «se dicte con todo sus contenidos» para conocer «el alcance y cuáles son las consecuencias que va a suponer para los expedientes que han sido abiertos y se encuentran en tramitación».
