El Tribunal de Cuentas es el órgano superior de contabilidad gubernamental de España responsable del control de las cuentas públicas y de la auditoría de la contabilidad de los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución y su Ley Orgánica.
CRÍTICAS SOBRE EL TRIBUNAL DE CUENTAS
La avalancha de críticas que ha llovido contra el Tribunal de Cuentas Público de España, el Tribunal de Cuentas, por las multimillonarias cantidades que ha exigido a los responsables de la política exterior de la Generalitat de Catalunya durante el proceso independentista, ha llevado a una respuesta sorprendente e irritada de la institución a través de una «nota explicativa».
En el texto, el tribunal explica que es un órgano constitucional y manifiesta que «goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sujeto únicamente al ordenamiento jurídico».
No es posible apelar
«Los informes de auditoría son aprobados por el Tribunal de Cuentas en pleno y no pueden ser modificados por otras instancias, ni apelados», advierte la nota, asegurando que la auditoría se realiza de acuerdo con estándares y parámetros internacionales.
Además, agrega, la Corte también ejerce una función jurisdiccional encaminada a juzgar las responsabilidades contables a fin de asegurar la restitución de los fondos públicos en los casos en que se haya producido un mal uso de los mismos.
Es por esta función que el órgano de control ha ordenado el pago de 5,4 millones de euros a 40 ex altos cargos y servidores públicos de la Generalitat a los que acusa de malversación de fondos públicos al destinar parte de su presupuesto a la promoción exterior de la independencia, proceso entre 2011 y 2017.
Los detalles completos de las acusaciones fueron presentados a los acusados hace días y los abogados tuvieron tres horas para leer las 500 páginas del informe y 10 minutos para presentar argumentos al tribunal, todos los cuales fueron rechazados.
Ha sido el Tribunal Supremo el que ha desestimado un recurso de casación contra el Tribunal de Cuentas por un caso anterior contra el gobierno catalán por gasto independentista, interpuesto por Artur Mas, Joana Ortega y Francesc Homs.
Acusaciones de nepotismo
La nota también aclara que los concejales de la institución (que no son jueces) son elegidos por supermayorías – tres quintas partes del Congreso y el Senado en pleno – y son «independientes e inamovibles» de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, no menciona las dificultades que se han producido en la renovación de la carrocería.
También sale en defensa del personal de la organización, contra quien se han hecho acusaciones de nepotismo desde que un reportaje de 2014 en el diario El País señalaba que dos primos de la actual presidenta del tribunal, María José de la Fuente, fueron en la plantilla, así como la esposa, hermano y hermana del actual número dos, Javier Medina.
En respuesta a estos alegatos, la Corte manifiesta que sus empleados son «profesionales altamente calificados, que han accedido a la Corte a través de los trámites de admisión a la función pública previstos en la ley».
De hecho, entre los 12 concejales del Tribunal se encuentran el hermano del exprimer ministro José María Aznar y una ministra de su gobierno, Margarita Mariscal de Ghent, responsable del informe sobre el gasto del gobierno catalán en política exterior.
El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho hoy a la cadena de televisión La Sexta que «esto es un anacronismo».
Cobrando altas sumas de dinero
Solo unos días después de lo que algunos consideraron un paso hacia la concordia entre el gobierno español y los independentistas catalanes, los ex políticos catalanes y sus asociados vinculados al independentismo han cobrado millones de euros por malversación de fondos públicos.
La semana pasada, el Tribunal de Cuentas español exigió 5,4 millones de euros a 34 catalanes asociados al «proceso».
Los embargos implementados contra personas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han generado preocupación entre muchos sobre la falta de democracia en España, es decir, sobre la libertad de expresión política.
En una resolución reciente del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria señaló —en referencia a España— que «la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal».
Sin embargo, los embargos implementados por el Tribunal de Cuentas no parecen respetar este principio.
TRIBUNAL DE CUENTAS ¿POLITIZADO?
El Tribunal de Cuentas, criticado por estar fuertemente politizado y famoso por sus casos de nepotismo, es el órgano supremo de contabilidad gubernamental de España, responsable de controlar las cuentas públicas y auditar la contabilidad de los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución española.
Siete de 12 son Partido Popular
La corte está y ha sido controlada por el Partido Popular (PP) —una realidad no infrecuente para las principales cortes españolas— con siete de los 12 concejales provenientes del Partido Conservador.
Entre los auditores se encuentra Manuel Aznar López, hermano del ex presidente español del PP, José María Aznar, un símbolo para muchos de la politización de la corte.
El PP ha bloqueado la renovación de los auditores del tribunal, en lo que muchos consideran una flexión de su control sobre el organismo en un momento clave.
El bloqueo que mantienen en órganos institucionales clave viene ahora acompañado del argumento de que: «el ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado que no se puede confiar en él».
Con la dura postura del PP contra la independencia catalana y su indignación expresada por los recientes indultos parciales, parece que les conviene mantener el control del organismo que tiene el poder de paralizar económicamente a cualquiera que promueva, o incluso mencione, la independencia catalana.
Si bien el PP domina el control de la corte, se han expresado críticas sobre la falta de objeción del Partido Socialista (PSOE) a los embargos.
Unos 11 de los 12 concejales estuvieron a favor, es decir, solo uno de los otros cinco miembros -todos del PSOE- rechazó la cantidad de 5,4 millones de euros.
Los principales abogados del ejecutivo también se han mantenido algo inactivos en la oposición a las sentencias, una «piedra en el camino», en palabras del ministro de Transportes de Sánchez, José Luis Ábalos, hacia un diálogo impactante entre el gobierno español en Madrid y la Generalitat independentista en Barcelona. .
