Vox ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa con la que persigue reducir «considerablemente» los asesores o cargos de confianza que trabajan en las delegaciones del Gobierno y establecer una serie de criterios mínimos para la elección de este tipo de personal, en tanto que responden, según denuncian, a criterios meramente políticos.
Los de Santiago Abascal justifican la presentación de esta proposición no de ley, en la necesidad de poner fin al actual gasto político en un momento de «imperiosa contención» del gasto público como el actual.
Un contexto en el que, a su juicio, el Ejecutivo tiene la responsabilidad «ética y moral» de promover políticas públicas destinadas a reducir las partidas presupuestarias «de carácter meramente político propiciatorias de superestructuras de Gobierno».
Para ello, Vox reivindica en su iniciativa la necesidad de dirigir el gasto público con criterios de «diligencia, economía y eficiencia» para avanzar hacia un eficaz funcionamiento de las administración públicas pero también para evitar una selección de personal eventual supeditada «al reparto de bicocas políticas o al intercambio de favores partidistas».
«La gestión adecuada del erario público tiene que traducirse en unas delegaciones del Gobierno eficientes y ágiles en su organización, funcionamiento y trámites y, por ese motivo, debe desprenderse a las mismas de aquellos asesores cuya labor es prescindible», sostiene.
SUS ‘RECETAS’
Para ello, el partido de Abacal insta al Gobierno a promover la reducción del personal eventual al servicio de las delegaciones de Gobierno, así como a fijar un porcentaje máximo según la población de la delegación del Gobierno en cuestión.
También plantea establecer una serie de criterios mínimos para poder ser elegible teniendo en cuenta la función encomendada, e impulsar la obligatoriedad de la publicación de sus nombres y currículos.
Vox alega que estos asesores o cargos de confianza suelen tener las retribuciones más altas de la Administración General del Estado al situarse entre los niveles 26 a 30, «cuyos méritos frecuentemente se limitan a la militancia activa en el partido político del Gobierno», y denuncia, además, que sus identidades y funciones, así como las fechas de nombramiento y trayectorias, suelen permanecer «ocultas y vedadas al escrutinio público».
«Suponen un gasto extraordinario para los créditos presupuestarios y su reducción debe ser materia de debate para abandonar las prácticas de colocación de personal por motivos estrictamente políticos», resume.
