Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ y AINLAJ han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman al Ministerio de Justicia «una verdadera adecuación salarial» para corregir lo que ven como un «grave desajuste» entre la carga de trabajo que tienen y el dinero que reciben al considerar insuficiente el incremento de 168 euros mensuales que les ha ofrecido el departamento de Juan Carlos Campo.
El pasado miércoles concluyeron las reuniones que los sindicatos y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han venido manteniendo con el Ministerio para dar cumplimiento a la disposición adicional de la Ley de Presupuestos sobre la adecuación salarial del gremio.
A lo largo de las negociaciones, las tres asociaciones han mantenido una posición común para «lograr una verdadera adecuación salarial», bien mediante una cláusula de enganche a jueces y magistrados, bien mediante una subida lineal con un porcentaje del sueldo, a fin de corregir «el grave desajuste» entre la responsabilidad asumida y la nómina.
Como oferta definitiva, según explican, Justicia les ha propuesto de 2.016 euros anuales adicionales, lo que equivale a 168 euros más al mes, si bien resaltan que solo «suponen mensualmente 11 euros más que la subida que aplicará al cuerpo de Gestión del territorio Ministerio». De aceptarse, tendría carácter retroactivo a 1 de enero de 2021 y consolidable para el futuro.
Hasta ahora, han venido rechazando «firmemente» las propuestas que se les han presentado al estimar que en realidad serían una mejora del complemento específico para los cuerpos generales pero «en ningún caso eso suponía afrontar la adecuación salarial de los letrados», que creen que «a día de hoy sigue sin abordarse por los responsables ministeriales», a los que acusan de poner sobre la mesa «ínfimas y alejadísimas cantidades».
Al tratarse ahora de la oferta definitiva, conforme les ha trasladado la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la cual quiere una respuesta en la reunión prevista para el próximo miércoles para dar por zanjadas las conversaciones, las tres asociaciones han lanzado una consulta para recabar la opinión de sus asociados.
«Y con vuestra palabra, unida a nuestra voz, decirle al Ministerio lo que piensan no solo quienes hemos hablado en la mesa por el Colegio, la UPSJ o AINLAJ, sino lo que también piensa esa inmensa mayoría de letrados a los que representamos», han indicado.
En cualquier caso, han sostenido que no renunciarán a continuar «por todas las vías» con «la pugna por la consecución de un salario adecuado a las competencias, funciones y características específicas» de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs). «Como no renunciamos a cualquier medida que deba tomarse de cara a alcanzar el objetivo, y así os lo consultaremos llegado el momento», han añadido.
«TOMADURA DE PELO»
Más crítico se ha mostrado el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia-FACE (CSLAJ-FACE), que directamente ha calificado de «humillación» esa subida salarial de 11 euros, en comparación con el cuerpo de Gestión del territorio Ministerio, tras once años de reivindicaciones económicas.
«Esta adecuación retributiva reclamada desde hace 11 años por este Cuerpo Jurídico Superior se esta convirtiendo en un mercadeo o mas bien en una tomadura de pelo por parte del señor Campo», ha añadido en un comunicado propio.
El CSLAJ-FACE ha afirmado que «de nuevo este colectivo, como directores de la oficina judicial, se siente ninguneado ante las ‘promesas’ del Ministerio» sobre los ajustes de la carga de trabajo y del sueldo y ante «las nuevas funciones asumidas en las últimas reformas procesales y organizativas».
A este respecto, ha reivindicado el rol de los LAJs. «La justicia no puede marchar sin nosotros, que tomen conciencia de esto», ha exhortado, alentando al Ministerio a tener en cuenta las funciones que desempeñan en la oficina judicial «desde hace mucho tiempo y gratis».
«Denunciamos, que el Ministerio de Justicia no solo niega la negociación colectiva a los representantes legítimos y les discrimina en sus condiciones laborales, sino que humilla en sus ridículas propuestas», ha dicho.
Así, ha instado a Justicia a resolver este «problema retributivo», advirtiendo de que si el «desentendimiento» sigue, podrían retomar «las acciones colectivas y contundentes que sean necesarias, apoyando a las asociaciones CNLAJ, UPSJ y AINLAJ en unidad de acción».
