La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha detallado a las comunidades autónomas nuevas actuaciones por valor de 650 millones para el despliegue y la integración de renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto se destinarán 200 millones, de gestión autonómica, para fomentar las energías renovables térmicas en sectores económicos. De esta cantidad, 100 millones se dedicarán a procesos industriales y otros sectores productivos para contribuir a la descarbonización de la industria y a la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles.
Los 100 millones restantes cubrirán actuaciones de climatización en el sector servicios en ámbitos como el turístico o el comercial, en los que la sustitución de la climatización convencional por renovable generará importantes ahorros.
La vicepresidenta también ha presentado una línea territorializada específica para el impulso del biogás dotada con hasta 100 millones de euros. Este programa, coherente con la Hoja de Ruta del Biogás que el Ministerio sacará próximamente a información pública, supone importantes oportunidades para la economía circular y para zonas en declive demográfico y permitirá establecer sinergias con el sector primario, según una nota del Ministerio de Transición Ecológica.
Se prevé que estas líneas de actuación se activen en el tercer trimestre del año.
RENOVABLES INNOVADORAS
Asimismo, la vicepresidenta cuarta ha adelantado a las comunidades próximas actuaciones por valor de entre 300 y 350 millones para convocatorias de renovables innovadoras.
En particular, se trata de líneas de gestión centralizada que incentivarán la implantación de redes de calor y frío en distintas partes del territorio, el despliegue de renovables innovadoras por su avance tecnológico, su integración territorial o paisajística o su aplicación, así como el fomento de comunidades energéticas y la participación ciudadana.
Durante la conferencia sectorial también se ha recordado la disponibilidad de 200 millones de euros del PRTR para el año 2021 destinados a impulsar la energía sostenible en las islas y la penetración e integración de renovables en los sistemas insulares y no peninsulares, inversiones en las que ya se está trabajando con los gobiernos autonómicos correspondientes para identificar los mecanismos más adecuados que permitan llevar a cabo esta transformación.
Estas actuaciones se suman a los 1.100 millones asignados a los programas de autoconsumo y climatización renovable aprobados en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio que completan la asignación para el despliegue e integración de renovables disponible para 2021.
A ellas se unen las líneas de almacenamiento detrás del contador, que repartirán hasta 220 millones. Se trata de un total de 1.320 millones para el fomento de renovables integradas en edificación.
Gracias a este paquete de ayudas se generarán más de 25.000 empleos directos e indirectos y se instalarán cerca de 2.000 MW de energía renovable, incluyendo la climatización de más de 40.000 viviendas. También se evitará la emisión a la atmósfera de un millón de toneladas de CO2 cada año.
PLAN MOVES III
A lo largo de estos meses también se ha puesto en marcha el Plan Moves III, dotado con hasta 800 millones para financiar con ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y la instalación de infraestructuras de recarga.
El Ministerio trabaja en la tramitación de la primera convocatoria de la nueva edición de MOVES Singulares, dotada con 300 millones y dirigida a proyectos innovadores y singulares de electromovilidad. Se tratará de convocatorias de concurrencia competitiva que permitirán seleccionar los proyectos más innovadores y estratégicos en cada territorio en este ámbito.
Asimismo, y también en el marco del PRTR, el pasado mes de mayo se aprobó la concesión de 150 millones de euros en ayudas para la restauración ambiental de más de 2.000 hectáreas de espacio natural degradado por la minería del carbón, cuyo importe irá destinado a financiar la totalidad de estas actuaciones en Aragón, el Principado de Asturias y Castilla y León para que las autonomías puedan cumplir con sus obligaciones de recuperación de terrenos.
