El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha anunciado que la mesa de diálogo con el Gobierno se celebrará la tercera semana de septiembre en Barcelona y ha precisado que a este foro el Govern llegará con su propuesta «de partida» de amnistía y la autodeterminación, a las que no piensan renunciar.
«Lo planteamos ya de salida, y como planteamientos a los que no vamos a renunciar», ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Delegación de la Generalitat en Madrid, tras la reunión de más de dos horas y media que ha mantenido con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, y en la que la respuesta del Gobierno, según Aragonés, ha sido «la misma» de siempre, es decir, es la de mantener «el estatus quo», aunque sin renunciar al diálogo. «No es una solución», ha avisado.
En este sentido, Aragonés ha relatado que en su encuentro con Sánchez, ambos han constatado la existencia de un «conflicto político», que sus posiciones son alejadas, y que la negociación se presenta complicada, pero también la disposición de ambas partes a trabajar para resolver ese conflicto mediante el diálogo. Eso sí, ha reclamado que el acuerdo que pueda salir de esa mesa de diálogo deberá someterse a la votación de los ciudadanos catalanes.
«Que la mesa pueda retomar sus trabajos es la mejor constatación de que las dos partes, pese a estas diferencias entre los dos gobiernos, queremos darle una oportunidad al diálogo y a la política», ha afirmado. «Pero todos sabemos que la resolución pasa por que estos acuerdos sean validados por la ciudadanía catalana mediante el voto», ha recalcado.
NO DA DETALLES SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES
Y para establecer la metodología de trabajo y la agenda de la mesa trabajarán los equipos de ambas partes durante las próximas semanas, según ha explicado el presidente catalán, sin querer avanzar detalles, por ejemplo, de cuál será la composición de las dos delegaciones, y si estarán presididas por Sánchez y por él, respectivamente.
Al ser preguntado por esta cuestión en varias ocasiones, Aragonès ha asegurado que este tema se abordará en las próximas semanas y que, en el caso catalán, será el Govern el que decida «con toda la libertad» pero también junto a la mayoría parlamentaria independentista.
Tampoco ha concretado si el líder de ERC, Oriol Junqueras, formará parte de ella, como quieren los republicanos, pero rechaza el Gobierno. Sobre este asunto, ha señalado que será una delegación «institucional» porque estará escogida por el Govern y ha recordado que los miembros de la parte catalana que participaron en la primera reunión de la mesa de diálogo en 2020 tenían todos rango institucional porque algunos formaban parte del Ejecutivo catalán y otros eran diputados del Parlament.
También ha apuntado que las dos delegaciones deberán tener el mismo número de miembros de cada gobierno y los mismos rangos, es decir, que por ejemplo no haya uno de los presidentes y el otro no, por lo que esta también será una de las cuestiones que acordarán los equipos de los dos ejecutivos durante las próximas semanas.
Sobre los temas a tratar, Aragonés ha explicado que la mesa servirá exclusivamente para abordar la resolución del conflicto político, mientras que el resto de cuestiones sectoriales que tengan que ver, por ejemplo, con el cumplimiento del Estatut, las inversiones, los fondos europeos o la pandemia, se abordarán en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que se reunirá a lo largo del mes de julio.
«PERSEGUIDOS» POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS
En cuanto a la mesa, Aragonés asegura que ha insistido en su reunión con Sánchez que una de las prioridades es la necesidad de alcanzar una solución global para los «exiliados» –en referencia a los políticos huidos de la justicia–, los encausados y los multados por el Tribunal de Cuentas, a los que hoy se ha notificado una multa de 5,4 millones de euros por los gastos del Diplocat. Para todos ellos ha pedido la amnistía.
En concreto, el presidente catalán ha pedido a Sánchez que el Gobierno trabaje para que se retiren las peticiones de extradición para los huidos, y también que acabe la «persecución» a los ex altos cargos independentistas que investiga el Tribunal de Cuentas.
No obstante, no ha concretado los mecanismos que creen que se pueden activar desde el Gobierno para conseguir estos dos objetivos. «Hay instrumentos por parte del Estado para que se puedan llevar a cabo. El detalle no lo hemos tratado», ha reconocido.
En cuanto al papel de la Generalitat en ese procedimiento del Tribunal de Cuentas, del que forma parte como administración perjudicada, ha afirmado que el Govern considera que no hay ningún perjuicio en la acción exterior del Ejecutivo catalán, de manera que defiende que «no hay caso» y esto es lo que argumentarán en el proceso del Tribunal de Cuentas.
