El Gobierno murciano ha aprobado, en su reunión de este viernes, una declaración institucional a favor del Trasvase Tajo-Segura, que es «la infraestructura hidráulica más importante de España, ya que aporta solidaridad y riqueza al conjunto del país».
«Tiene un impacto en el PIB español de más de 3.000 millones de euros; genera 106.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos; y riega 200.000 hectáreas de cultivos y más de 55 millones de árboles frutales», tal y como ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Valle Miguélez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Ha destacado que «esta gran infraestructura, que trae agua desde el río Tajo hasta la cabecera del Segura y la distribuye a las zonas regables, hace posible que más de dos millones y medio de personas de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Albacete puedan disponer de recursos suficientes para atender al consumo doméstico».
«Tal es su importancia que la mitad del agua que se utiliza en los hogares del Sureste español procede del río Tajo, sin olvidar el abastecimiento de la industria», ha subrayado.
En suma, ha ensalzado que el Trasvase Tajo-Segura «lleva 42 años funcionando y permitiendo el crecimiento, la prosperidad y la generación de empleo y riqueza en las comunidades autónomas del Sureste de España».
«Cualquier recorte a la transferencia de caudales hídricos a través del Acueducto Tajo-Segura afecta de manera grave al conjunto de la sociedad, pues repercute en consumidores, agricultores, ganaderos, empresas e industrias», ha aseverado.
Y no sólo por la restricción del agua precisa para cubrir sus necesidades, sino por el encarecimiento del precio para su consumo, que supone un factor de gran desigualdad entre los españoles en el ejercicio de un derecho tan fundamental», tal y como indica la declaración institucional.
Para el Ejecutivo murciano, «todas esas circunstancias no han impedido que en los últimos días el Gobierno de España haya asestado un duro golpe a las bases que sustentan al funcionamiento del Trasvase, modificando las reglas de explotación e imponiendo un decrecimiento paulatino de los caudales enviados al Sureste a partir de criterios exclusivamente políticos encubiertos como supuestas razones medioambientales».
Se trata, añade, de un «recorte que se ve agravado, aún más, por el encarecimiento en la factura a pagar por los usuarios».
«UN ASUNTO DE ESTADO»
Por todo ello, el Gobierno de la Región de Murcia, «consciente del alcance de las medidas anunciadas y del daño que causarán para los intereses del conjunto de los habitantes de esta Comunidad Autónoma», declara que la gestión de los recursos hídricos nacionales «es un asunto de Estado, y que como tal ha de ser abordado y regulado, considerando que en España hay excedentes de agua para llevar de donde sobra a donde hace falta».
Además, el Ejecutivo murciano ha remarcado que la Constitución Española «reconoce tanto la solidaridad entre nacionalidades y regiones como el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, incidiendo en que las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».
Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de España «debe abordar cuanto antes la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que contemple los principios de solidaridad y equilibrio apuntados, y garantice una solución permanente a la situación hidrológica deficitaria que padece la España Seca».
De la misma forma, insta a «llevar a efecto las inversiones precisas en depuración y saneamiento, así como en regadío y abastecimiento, en aquellas comunidades autónomas por donde discurre el río Tajo para evitar la contaminación del mismo y permitir el acceso a sus aguas a los regantes y habitantes de esos territorios, de forma que se satisfagan las demandas de las cuencas cedentes que ahora no son posibles por falta de infraestructuras».
El Gobierno murciano también pide que, «en armonía con todo ello», se garantice «la continuidad del Trasvase Tajo-Segura y se reconozca como infraestructura esencial para el sostenimiento de los sectores productivos del Sureste español y el desarrollo de este territorio, así como para el bienestar de cuantos dependen de su abastecimiento».
Todo ello, «evitando medidas como la modificación de las reglas de explotación o el establecimiento de unos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los necesarios para alcanzar el buen estado de las masas de agua».
También ha pedido «que se establezca un foro de diálogo entre las regiones afectadas y el Gobierno de España para buscar el consenso y los equilibrios adecuados en cada avance que se produzca hacia un Pacto Nacional del Agua, como paso previo al Plan Hidrológico Nacional».
Igualmente, ha demandado que se dejen en suspenso las medidas previstas en el Plan de Cuenca del Tajo «que vayan en detrimento de las actuales reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura, por el perjuicio irreparable que causarían en el Sureste español, tanto en términos de pérdida de empleos como en cuanto a destrucción de riqueza y el retroceso en la lucha contra la desertización, el cambio climático y la despoblación del mundo rural».
Asimismo, ha solicitado que, a la hora de la planificación hidráulica, «se tengan en cuenta la colaboración y las aportaciones de todas las administraciones y de los actores implicados, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible y aportar las soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad».
Finalmente, ha asegurado que el Gobierno regional de Murcia «hará uso de todas las herramientas y cauces legales a su alcance para impedir que se siga avanzando en la destrucción de un modelo productivo que ha prestigiado el nombre de la Región y de España en todo el mundo, y condicionando así el desarrollo presente y futuro de esta Comunidad Autónoma».
