El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha aprobado este jueves un Real Decreto-Ley «por urgencia» para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, que suponen la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.
Estas medidas, acordadas entre los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Hacienda, buscan contener el impacto en el recibo de la tensión alcista en el mercado mayorista de la electricidad, con el fin de «atender de forma urgente y aliviar la situación de las familias y del tejido productivo», señaló en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Con la combinación de ambas medidas, el Gobierno estima que se reducirá la factura alrededor de un 12% para los consumidores domésticos y supondrán unos ahorros totales de 1.257 millones de euros.
En concreto, el Ejecutivo calcula que la rebaja del IVA representará un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, por lo que su aplicación permitirá un ahorro de 36 euros hasta final de año, mientras que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica permitirá una rebaja de un 2% a un 3% en la factura de los hogares, de un 3% a un 6% para pymes y empresas medianas y alrededor de un 6% para la gran industria.
La portavoz del Gobierno subrayó que estas medidas extraordinarias buscan «atajar» el actual problema de los precios de la electricidad y «contribuir la recuperación económica se pueda consolidar».
Por su parte, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el martes comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar la nueva factura eléctrica, así como las reformas para abaratar el precio de la luz, consideró que el precio de la energía es un «asunto clave, más en este momento fundamental en el que arrancamos por fin la recuperación».
No obstante, subrayó que hay circunstancias que «exceden de la capacidad del Gobierno», como el comportamiento del mercado eléctrico y el aumento en los precios del gas natural, que han llevado a «un incremento muy notable del precio de CO2, «mucho más allá de las previsiones».
En el caso concreto del IVA, se aplicará una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).
Montero subrayó que esta potencia cubre «a la práctica totalidad de los hogares españoles», ya que la potencia media es de 4,1 kW, y al 72,5% de los contratos de empresa y negocio (no domésticos) tienen también esta potencia inferior, aunque en este caso el IVA tiene un efecto neutro pero alivia tensiones de tesorería en estos meses de recuperación.
También se aplicará un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos -unos 612.000 hogares perceptores del bono social- hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
LA BAJADA DEL IVA SERÁ REEVALUADA A FINAL DE AÑO
Esta decisión de rebajar el IVA de la luz, que se remitirá a Bruselas «para que no haya ningún problema», dijo Montero, se mantendrá hasta finales de este año y, posteriormente, será revisada para decidir si es necesaria su continuidad.
A este respecto, la titular de Hacienda subrayó que la medida es «temporal» y se procederá a esa reevaluación a finales de año de acuerdo con la situación del precio de la electricidad, recordando que España ya está advertida por Bruselas de hacer «un uso abusivo» del IVA reducido y superreducido de manera global. «Por eso hay que abordarlo con cautela», dijo.
La ministra de Hacienda estimó que la medida del IVA va a suponer un ahorro de 857,5 millones de euros, de los que 566 millones de euros repercutirán este año y el resto en 2022, ya que existe un decalaje en la factura de la luz.
En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su paralización temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, tendrá vigencia durante el tercer trimestre de este año.
Desde finales de 2020 y, especialmente, desde marzo de 2021, el aumento de las cotizaciones del gas natural en los mercados internacionales y de las cotizaciones de CO2 en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión (ETS en inglés) ha provocado un indeseado incremento del precio de la electricidad, que ha registrado un precio medio en el mercado mayorista de 67,12 euros por megavatio hora (MWh) en mayo y superior a 80 euros por MWh en lo que va de junio, un precio muy superior a los 34 euros por MWh registrados el año pasado.
La suspensión del impuesto implicará una reducción de la recaudación de unos 400 millones de euros. Sin embargo, ello no afectará al déficit público porque la caída de los ingresos lleva aparejada una menor transferencia desde el presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
100 MILLONES ADICIONALES A LOS ELECTROINTENSIVOS
Esta medida, dirigida más a abaratar la factura de la industria, supondrá una rebaja en el recibo de en torno a un 5-6%, estimó Montero, que añadió que se complementará con 100 millones adicionales de ayuda para el sector electrointensivo.
Ribera defendió que esta tensión en los precios de la electricidad se está viviendo por igual en toda Europa, «con precios muy parecidos a los de España» en otros países, y afirmó que la penetración de las renovables permitirá a España contar en 2022 con unos precios más competitivos a los de Francia y en 2023 también a los de Alemania.
Junto a estas medidas fiscales, el Gobierno trabaja en otras actuaciones para abaratar el recibo de la luz en esta etapa de transición. Así, el pasado 1 de junio inició la tramitación del anteproyecto de Ley para repartir entre todos los consumidores el dividendo que reciben las centrales no emisoras de carbono por el coste del CO2 en el ETS y reducir la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria.
Ese mismo día, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que financiará costes de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización de residuos y que prevé que permitirá una reducción de la factura de un 13% para los consumidores domésticos cuando se implante en su totalidad.
