El cierre del trasvase Tajo-Segura supondría la desaparición del 59 por ciento de la agricultura regional, la pérdida de 1.740 millones de euros del Producto Interior Bruto regional y la eliminación de «casi 45.000 empleos agrícolas directos» solo del ámbito de la producción, a lo que habría que sumar los trabajos vinculados con la industria agroalimentaria, la industria de transformación o la manipulación.
Así se desprende del estudio ‘Estimación del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia’, elaborado por la Cátedra de Competitividad de la Región, integrada por el Colegio de Economistas, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha presentado estos resultados en una rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y el decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid.
Luengo ha advertido que, de llevarse a cabo el cierre del trasvase, la Región alcanzaría niveles de desempleo nunca vistos «desde la época de mayor crisis económica a nivel nacional». Así, el consejero se pregunta «cómo puede una Región soportar un ataque de esta magnitud».
Por ejemplo, si se lleva a cabo el cierre del trasvase, desaparecía el 80 por ciento de la agricultura del Campo de Cartagena, que tiene una dependencia directa de los recursos del acueducto. Además, desaparecía el 47 por ciento de la agricultura en el área de Mula; el 44 por ciento en el área de Lorca y el Valle del Guadalentín; el 56 por ciento en la Vega Alta y Media; y el 61 por ciento en la zona de Levante y Vegas Bajas.
«Estamos en un momento clave porque la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, ha anunciado que presentará la nueva planificación hidrológica», según Luengo, quien ha señalado que esto «condicionará, limitará y, por supuesto, indicará cuál es el futuro de la Región de Murcia porque ahí vendrán recogidos los caudales ecológicos del Tajo».
A su juicio, se trata de un momento de «máximo desafío». Ha dicho tener claro que hay una «hoja de ruta» que el Ministerio ha ido «visibilizando de forma continua, llevando a cabo diferentes ataques de manera continua al trasvase Tajo-Segura». Así, ha lamentado que no hayan sido capaces de valorar «el alcance de las consecuencias que tendrán las medidas que están planteando».
Ha asegurado que el Gobierno regional va a seguir trabajando junto a los regantes y «defendiendo los intereses de todos los habitantes de la Región». Para ello, Luengo ha asegurado que presentarán «cuantas alegaciones sean necesarias», recurrirán a los tribunales de manera directa y seguirán llevando a cabo estudios para aportar «conocimiento.
Luengo ha lamentado que el Gobierno murciano lleva dos años pidiendo al Ministerio reuniones en las que estén representadas todas las comunidades que firmaron la Ley del Memorádum, y «todavía no se ha realizado».
«45.000 DRAMAS»
Jiménez ha señalado que este tipo de informes podrían tener un «recorrido importante» para los políticos a la hora de tomar decisiones. El presidente del Scrats ha querido remarcar los «45.000 dramas personales» que puede acarrear el cierre del trasvase, más allá del «lucro cesante que se va a producir», de que cada despido se va a convertir en un «subsidio que pagar», y del daño medioambiental que se pueda producir «por desaparición de zonas verdes o por la disminución de la captación de CO2».
Jiménez ha coincidido en que «atravesamos un momento delicado» porque el lunes se presentan los planes de cuenca. «La cuenca del Segura tiene un cordón umbilical directo con la cuenca del Tajo y estaremos atentísimos a los datos en relación al Tajo».
El presidente del Scrats ha reconocido que no sabe cual será el resultado porque «hay una opacidad tremenda» por parte del Ministerio. «Técnicamente, se le ha demostrado al Ministerio que usando la misma metodología que ha usado en todos los tramos del Tajo, los caudales circulantes actuales de Aranjuez son suficientes para cumplir con el requisito de caudales ecológicos», según Jiménez.
Todo ello, «manteniendo ese término medio que consiste en mantener el potencial ecológico del tramo en mejores condiciones del Tajo, según su propio plan de cuenca, y al mismo tiempo el otro objetivo de la planificación que consiste el no alterar el desarrollo social y económico que se deriva del uso del agua, en este caso en el Levante».
Por eso, ha confiado en que esta «opacidad» haya servido al ministerio para «aislarse de presiones de todo tipo». Ha defendido que el Scrats ha hecho «todo lo humanamente posible», presentando alegaciones, estudiando minuciosamente los planes y trasladando los fallos detectados al Ministerio.
Si el lunes no se cumplen las expectativas del Sindicato, ha reconocido que es «difícil» cambiar los planes porque el Ministerio «corre a la portería y va solo», en un símil futbolístico, pero ha asegurado que el Scrats «mantendrá la moral alta» y «estaremos trotando en el campo con todo lo que tenemos».
Jiménez ha señalado que en el Ministerio había extendida una «tesis irreal» porque «no hay una creación de 80 hm3, porque todo lo que puede aportar la desaladora de Torrevieja ya se está adjudicado desde hace un año, y los 40 hm3 restantes ya están adjudicados a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT)».
CONCLUSIONES
Madrid, que ha comparecido en calidad de presidente del Consejo de Dirección de la Cátedra, ha defendido que el informe se realiza siempre «desde la imparcialidad y la objetividad». El informe recoge el impacto directo que las modificaciones provocarían en la economía regional, donde el importe de la bajada de Producto Interior Bruto sería de alrededor de 1.700 millones de euros anuales, mientras que la caída del Valor Añadido Bruto (VAB) superaría los 800 millones por año.
La aportación total del sector agrario a la producción regional es de 2.972 millones (el 5 por ciento de la producción total), el VAB es de 1.375 millones (5,3 por ciento del VAB regional) y el empleo de 73.907 personas.
De esta contribución, se estima que las ramas agrarias vegetales vinculadas al agua para regadío del trasvase representan el 59 por ciento de la producción, el 58,3 por ciento del VAB y el 58,4 por ciento del empleo.
Además, Madrid ha señalado que la actividad agraria regional es «muy competitiva», como demuestra el hecho de que representen el 6,9 por ciento de la producción nacional, el 6,3 por ciento del VAB nacional y el 13 por ciento del empleo nacional.
«Especialmente relevantes son las ramas de horticultura y cítricos», según Madrid, quien ha explicado que representan el 8,1 por ciento y el 15 por ciento del VAB nacional, respectivamente. En el caso del empleo, concentran el 12,3 por ciento y el 20 por ciento del empleo nacional.
Asimismo, ha subrayado la elevada especialización comercial de producciones agrarias vegetales. En el caso de frutas, hortalizas y legumbres representan casi el 18 por ciento de las exportaciones nacionales de estos productos, y el 33 por ciento de las exportaciones regionales totales.
Ha precisado que el consumo de agua por la agricultura de la Región en 2018 fue de 501 hectómetros cúbicos. El 41 por ciento fue destinado a frutales; el 39 por ciento a hortalizas; y un 14 por ciento al olivar y viñedo.
Durante los 40 años de funcionamiento del trasvase, los volúmenes trasvasables aprobados no han alcanzado –con excepción de un año hidrológico– los volúmenes máximos de los 600 hm3 que se preveían en la Ley del trasvase. Desde el año 1980 hasta 2011/2012, la aportación media fue de 300 hm3 al año de media, de los que 200 son para regadío y 100 para la población.
