Un informe de la Guardia Civil atribuye a los detenidos de los Comités de Defensa de la República (CDR) por presunta integración en una organización con fines terroristas varias búsquedas en Internet de «posibles objetivos» entre diferentes personalidades contrarias a la independencia de Cataluña, entre los que figura el líder del PP, Pablo Casado.
En un informe de mayo de 2021 de los Servicios de Información de la Zona de Cataluña, los agentes constatan que uno de los arrestados, Jordi Ros Solà, realizó diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Estos búsquedas, según la Guardia Civil, «tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes». El informe detalla que entre ellos figura Casado en una consulta que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2019 con un teléfono móvil de la marca Asus intervenido en el domicilio de Jordi Ros en Sabadell.
MANUEL VALLS Y VILLEGAS
Además de sobre Casado, este integrante de los CDR integrado en una célula (ERT) para cometer acciones encaminadas a lograr la independencia de Cataluña realizó búsquedas en Internet sobre Manuel Valls, entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona o José Manuel Villegas, exsecretario general de Ciudadanos.
En la lista aparecen otras personalidades: Marta Morell Albaladejo, concejal del Ayuntamiento de Sabadell; Marta Farrés Falgueras, alcaldesa de Sabadell; Joan López Alegre, que fue diputado por el Partido Popular en el Parlament; Francisco Aranda Vargas, diputado del PSC en el Congreso de los Diputados por Barcelona y Carles Hernández Vilamajo, intendente de la BRIMO de los Mossos d’Esquadra.
La Guardia Civil añade que se han incautado «evidencias de anotaciones» referidas a personas y las matrículas de sus vehículos de personas «ideológicamente contrarias a la independencia», reseñando los casos de Antonio López Pérez y Annerose Bloss.
El informe de la Guardia Civil atribuye a los detenidos la intención de cometer «atentados». Sobre Jordi Ros apunta que se han obtenido «una gran cantidad de datos e informaciones que ponen de manifiesto sus actividades en el marco de la obtención de informaciones sobre posibles objetivos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
DEL PARLAMENTO A LA SEDE DE LA FISCALÍA
De Ros añade que desarrollaba una labor de «reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados». En las fotografías de los objetivos seleccionados, se recogen determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.
Ese control se estableció sobre el Parlament de Cataluña y otras instalaciones como torres de alta tensión, instalaciones de autopistas y peajes, así como la Delegación del Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona o la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil.
Los agentes recuerdan que Jordi Ros participó de las acciones al objeto de impedir el traslado a Madrid de los presos del 1-O desde el centro penitenciario de Can Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires.
También se menciona su declaración del 24 de septiembre de 2019 en la que Jordi Ros manifiesta que «la finalidad para la que quería fabricar el explosivo denominado nitrocelulosa era como medida de decepción o distracción, atrayendo la atención de la policía y los expertos en desactivación de explosivo, respecto de otra acción simultánea que sería la principal».
