La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, ha denunciado este miércoles el «inmovilismo institucional» en el sector de los cuidados y lamentan que están «exactamente igual que antes de la Covid-19».
«Hemos visto que hay un inmovilismo institucional muy grande y queremos exigir a todos los gobiernos autonómicos y al Gobierno del Estado sentarse a trabajar y buscar soluciones, no queremos mirar atrás sino ir hacia delante», ha subrayado Pascual en una rueda de prensa en Zaragoza, en el marco de un encuentro nacional del sector residencial.
La presidenta de CEAPs ha criticado la disparidad que existe entre comunidades autónomas con «más de 76 precios y normativas diferentes» y ha pedido sentarse a «negociar» con el fin de mejorar la atención a los mayores. «Son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros seres queridos y pedimos que se cumpla la Ley», ha subrayado.
Por ello, ha destacado que están reunidos para hacer una propuesta «muy exigente y firme» que llegue a todos los gobiernos autonómicos y al Gobierno central. En el informe que están elaborando se marcarán indicadores de calidad, los profesionales que deben de trabajar en cada centro y la relación «esencial» con las familias.
Asimismo, establecerán cuál es el «precio justo» por debajo del cual no se debe concertar. Actualmente, según ha dicho Pascual, los precios varían de 40 a 90 euros o hasta 130 y 150 euros si se habla de residencias de gestión pública.
También ha criticado la inversión que hace el Estado, del 0’58 al 0’75 de PIB, cuando hay países del entorno que invierten «un 2%. «Nos preocupan expresiones como ‘si tengo miseria repartimos miseria’, una expresión que nos han dicho algunas administrciones. Hablamos de personas, de mayores y de dependencia, y aquí no hay que repartir miseria sino calidad, cuidados y mejores condiciones salariales», ha enfatizado.
La presidenta de CEAPs también se ha referido a la inyección de 600 millones de euros presupuestada por el Gobierno para dependencia, y ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales que este dinero «llegue a los mayores para mejoras en sus servicios» y para mejorar «las condiciones laborales de los trabajadores». «Queremos saber dónde, cuándo y cómo va a llegar este dinero», ha añadido.
En definitiva, entre las peticiones que han lanzado, destacan: la calidad, los ratios globales; que los gobiernos que concierten plazas exijan indicadores de resultados; que los mayores y sus familiares decidan dónde quieren vivir; que ningún gobierno concierte ninguna plaza por debajo del precio justo; mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y que se cumpla la ley de la dependencia para que una persona con dependencia «no tenga que esperar 438 días» para recibir un servicio.
