El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido este martes la «responsabilidad de Estado» del Consejo de Ministros al aprobar esta mañana, a propuesta del Ministerio de Igualdad, el reparto de los 100 millones de euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (Pecvg) destinados a las comunidades autónomas (CCAA) y a las ciudades de Ceuta y Melilla, al objeto de financiar actuaciones de prevención, atención y protección a víctimas de la violencia machista.
Según ha explicado en una nota de prensa la Delegación del Gobierno central, Fernández ha destacado «el esfuerzo e interés demostrado por el Gobierno de España desde 2018 para cerrar grietas del machismo y acabar definitivamente con este tipo de violencia».
El delegado del Ejecutivo en Andalucía ha asegurado que «desde un primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó medidas y dotó de recursos financieros el Pacto de Estado, elevando la dotación económica destinada a las comunidades autónomas para acciones contra la violencia machista, que permitieron a Andalucía pasar de poco más de un millón de euros a los 15 millones que ha recibido anualmente a partir de 2018».
Ha explicado, además, que el Pacto de Estado tiene como horizonte temporal 2022, «lo que habrá permitido destinar a la lucha contra esta lacra social 1.000 millones de euros en cinco años», es decir, 200 millones anuales desde 2018 a 2022. «De esos 200 millones por año, 100 se distribuyen entre las comunidades autónomas, 80 son para la Administración General del Estado (AGE) y 20 son destinados a ayuntamientos adscritos al Sistema VioGen», ha apuntado Fernández.
«Pero la lucha no acaba el próximo año, sino que ha emprendido el camino para afianzarse como una herramienta de las administraciones en una batalla que solo daremos por vencida cuando alcancemos el objetivo: acabar con el machismo», ha asegurado el delegado.
La distribución de los 100 millones de euros aprobada este martes en Consejo de Ministros deberá ser destinada a la financiación de proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las CCAA y las ciudades de Ceuta y de Melilla, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo del Pecvg.
El Ministerio de Igualdad realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.
La principal novedad en este ejercicio es que se amplían los programas y actuaciones a los que pueden destinar las CCAA el diez por ciento de los fondos, dando así cumplimiento a una de las peticiones trasladadas por los territorios. De esta forma, no solo podrán destinar los recursos del Pecvg a proyectos del capítulo 4 sino también a gastos del capítulo 6 que desarrollan el eje 1 del pacto.
Su distribución tendrá en cuenta distintas variables y ponderaciones como la insularidad (cuatro millones), su posición como ciudad fronteriza (dos millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), la cantidad de ellas con trabajo temporal o paradas (20 millones), así como el número de mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno de los tres supuestos anteriores). También, se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y diez millones respectivamente.
