El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo para incrementar los límites de gasto en los dos próximos años de los proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradas a causa de la actividad minera.
El Gobierno entiende que resulta necesario aprobar una nueva elevación de límites dado que para 15 de los proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera, no se han podido suscribir, en la fecha inicialmente prevista, los correspondientes convenios entre el Instituto para la Transición Justa, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y varias comunidades autónomas (Asturias y Castilla y León).
De este modo, en el año 2022 el límite presupuestario será de 39,45 millones de euros, mientras que en 2022 el límite se situará en los 31,9 millones.
El Instituto para la Transición Justa ha solicitado autorización para esa modificación del límite de gasto.
En la documentación que acompaña al expediente, se recuerda que los denominados «Planes del Carbón» tienen por objeto, entre otros, encauzar el proceso de reconversión de la minería del carbón y la reactivación económica de las zonas afectadas por la misma, teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados de la misma, así como analizar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo en el sector, fomentando la creación de empleo alternativo al monocultivo del carbón mediante, entre otros, la creación de infraestructuras.
Según ha detallado el Gobierno, los distintos planes han contribuido a propiciar la transición de las comarcas mineras hacia una estructura económica asentada sobre el desarrollo de actividades económicas de mayor valor añadido y de mayor calidad de los recursos humanos.
El Real Decreto-ley 25/2018, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, establece un conjunto de medidas que van en la línea de lo señalado anteriormente, teniendo en cuenta, además, que la normativa europea preveía la obligatoriedad del cierre de aquellas explotaciones mineras del carbón no rentables, lo que derivó en la necesidad de aprobar medidas urgentes en el marco de este decreto ley.
Entre las medidas que recoge esta norma se encuentra la modificación de otro Real Decreto, que establece las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.
Mediante dicha modificación se habilita al Instituto para la Transición Justa al pago de los compromisos adquiridos en los periodos 2013-2018 y 2019-2023, que se extenderá hasta la finalización de las actuaciones, siendo la fecha límite para el reconocimiento de las ayudas el 31 de diciembre de 2023.
En este contexto, y al amparo de lo recogido en los convenios marco de colaboración suscritos entre el Instituto para la Transición Justa y las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, cuya vigencia terminaba el 23 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros autorizó, mediante un acuerdo el pasado mes de septiembre de 2020, una elevación de límites de compromisos de gasto para 2021 y 2022.
