El abogado de la Asociación 11-M, –entidad que representa a 74 víctimas de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona)–, Antonio García, ha anunciado que está valorando junto a los afectados la posibilidad de presentar un recurso a la sentencia, que condena a entre 8 y 53 años a los acusados: «Tomaremos una decisión muy pronto».
En rueda de prensa este domingo tras reunirse en Barcelona para valorar el fallo del juicio, que se publicó este jueves, ha asegurado que el recurso serviría para «pedir la nulidad de la parte de la sentencia» de la Audiencia Nacional, que no considera a los acusados como autores de asesinato.
García ha explicado que la sentencia les produce dos sensaciones contradictorias: por un lado, no les gusta «absolutamente nada» que los procesados Mohamed Houli y Driss Oukabir no hayan sido condenados como autores en grado de cooperadores necesarios de los hechos de Barcelona y de Cambrils (Tarragona).
«Nos ha sorprendido que se haya tenido que esperar a la sentencia para expulsar del procedimiento, así literalmente, a estas acusaciones. Por lo tanto, no se van a juzgar estos delitos dirigidos contra estas personas», y ha reclamado que deben responder de los asesinatos.
DE 74 A 315 VÍCTIMAS
Pero por otro lado, ha dicho que es satisfactorio comprobar que el fallo reconoce un mayor número de afectados, que ha pasado de 74 a 315: «Esto nos abre la posibilidad, que ojalá sea así, de que ninguna víctima se quede fuera y sin el reconocimiento que merece».
También ha celebrado que se reconozca por primera vez, según él, en una sentencia el maltrato sistemático a las víctimas, y ha dicho que han sido «las grandes olvidadas y las peor tratadas por parte del instructor, de la Fiscalía y del Ministerio del Interior».
Ha aplaudido que también se haya distinguido a dos afectados menores de edad cuyos padres eran agentes de los Mossos d’Esquadra y resultaron heridos: «Nos parece un paso transcendental en el reconocimiento de otro tipo de víctimas que hasta ahora se venían denegando».
MARC SERRA
El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación de Barcelona, Marc Serra, ha asegurado que desde el consistorio también sienten esa sensación agridulce porque esperaban un juicio por asesinato, y «es evidente que todas las expectativas que se tenían no han podido ser correspondidas», pero ha celebrado el incremento en el número de las víctimas.
Aunque aplaude el trabajo hecho para acompañar a los afectados, considera que queda mucho por hacer para : «Vivimos en un país en el que se habla mucho de las víctimas del terrorismo, pero después vemos que muchas de ellas se sienten solas y desatendidas».
Ha recordado que el Ayuntamiento se ha personado «en todo el procedimiento judicial, y como acusación particular, con un equipo de abogados municipales que han trabajado codo a codo» con los demás letrados.
SARA BOSCH
La presidenta de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (Uavat), Sara Bosch, ha instado a las instituciones competentes a trabajar más: «Se tienen que resolver cosas que venimos diciendo desde hace muchos años. Es vergonzoso que las víctimas del 2017 sigan diciendo lo mismo».
«No tenemos ningún objetivo más que darles voz y mostrar los errores, siempre con el ánimo de que se haga autocrítica y se mejore», y ha indicado a las administraciones que están abiertos a explicarles qué deben hacer.
