El Ararteko ha advertido de que la regularización de la situación administrativa de los niños y adolescentes extranjeros y sin apoyos familiares debe ser «un objetivo primordial» de la política de los estados. Además, ha recomendado que cuando estos jóvenes alcancen la mayoría de edad, puedan seguir teniendo acceso a la educación, atención sanitaria y prestaciones sociales.
El Defensor del Pueblo vasco-Ararteko ha realizado, por encargo del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), un estudio sobre la protección que se ofrece a los menores de edad de origen extranjero y que carecen de apoyos familiares.
El Ararteko constata en el estudio que los niños extranjeros no acompañados «constituyen actualmente uno de los principales desafíos de la migración para las sociedades y administraciones públicas europeas».
No obstante, según indica esta institución, el reto de acoger y alojar a estos niños «va mucho más allá» de asegurar sus derechos fundamentales y necesidades más básicas, como la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria, la educación o la asistencia jurídica.
INTEGRACIÓN
El Ararteko considera que el «verdadero desafío» al que deberán enfrentarse las autoridades europeas y estatales durante los próximos años es la integración de estos niños y su participación en las comunidades de acogida, así como su transición a la edad adulta o su futuro acceso al empleo.
El estudio se centra en cuestiones transversales (el derecho de los niños a ser escuchados o la formación del personal implicado), en las primeras fases de la acogida, como la llegada a la frontera y la determinación de la edad.
También se analizan las posteriores etapas, como el acceso a servicios de educación o sanidad. El estudio establece unos estándares sobre protección de niños y adolescentes no acompañados, elaborados a partir de las directrices internacionales existentes en la materia. Recoge, además, una gama de prácticas, tanto de administraciones como de defensorías del pueblo, que se pueden considerar como positivas.
«PRIMAR LA CONDICIÓN DE NIÑO»
Entre las principales conclusiones del informe se encuentra la constatación de que, en aquellos estados y regiones, como en Euskadi, «en los que prima la condición de niño, niña o adolescente» sobre la situación administrativa del menor, estos «reciben una mejor atención» que en los lugares en los que la asistencia a estos jóvenes «se supedita a la regularización administrativa».
Además, el Ararteko alerta de que es necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar el derecho de los niños no acompañados «a ser escuchados en todos los aspectos». Por otra parte, afirma que los estados «deben esforzarse más» por garantizar que todos los profesionales que trabajan con niños no acompañados en el contexto de la acogida, tanto directa como indirectamente, reciban una formación «necesaria y adecuada».
«DEFICIENCIAS»
Asimismo, señala que la necesidad de intervención de las instituciones de defensoría del pueblo y de defensa de los derechos de la infancia «corrobora la existencia de una deficiencia que hay que corregir». En este sentido, el Ararteko subraya la necesidad de que los estados «encuentren maneras de intercambiar de forma rápida y efectiva información confidencial y colaborar.
«Es preciso un mayor esfuerzo para asegurar la rápida asignación de una tutela y/o representación legal en el momento de llegada al país de acogida, y para dar prioridad a los procedimientos que afecten a niños y niñas no acompañados», añade esta institución.
A su vez, el Ararteko manifiesta que los estados «deben incidir más» en garantizar el acceso a servicios de salud mental y de rehabilitación para los niños no acompañados que sufren dificultades psicológicas y/o han sido víctimas de la violencia o abusos. Con ese fin, recomienda crear estructuras de apoyo para los tutores, de forma que se les proporcione asistencia, asesoramiento, conocimientos y competencias.
El Defensor del Pueblo vasco considera que la regularización de la situación administrativa de los niños no acompañados mientras son menores de edad y están siendo atendidos, así como al alcanzar la mayoría de edad, «debe convertirse en un objetivo primordial de la política de los estados».
Además, recomienda que cuando estos niños y jóvenes alcancen la mayoría de edad, sigan teniendo acceso a las políticas sociales (educación, atención sanitaria, servicios económicos y sociales), así como a medidas de apoyo individual y de seguimiento, hasta su autonomía personal.
