La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, han firmado este 26 de mayo un Convenio para digitalizar fondos documentales de interés para la Memoria Democrática. «Para la verdad necesitamos los archivos», ha asegurado Calvo ante los medios durante la firma del acuerdo.
«El principio fundamental para desarrollar la memoria es apuntar siempre la verdad y para la verdad necesitamos los archivos, no solamente los especialistas sino también los ciudadanos tienen derecho a acceder de manera directa a una información que tiene que ver con un pasado muy doloroso sobre el que nuestro país tiene que construir un futuro de convivencia y naturalmente de paz y de restitución de las víctimas», ha aseverado Calvo.
Los archivos digitalizados están relacionados con la represión que sufrieron los presos políticos encarcelados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. A juicio de Calvo, el convenio entre ambos ministerios es «muy importante» para seguir desarrollando las líneas de trabajo de la política de la Memoria Democrática de España.
Hoy damos un paso al frente desde el Gobierno, desde la Administración general, con el acuerdo que el ministro de Cultura ha tenido a bien facilitarnos para poder seguir avanzando y dar respuesta a muchas familias e historiadores que quieran documentar la verdad de lo que ocurrió en tanto miles y miles de españoles que fueron represaliados y que tuvieron que atravesar la amargura de un calvario que siempre tiene que ver con una dictadura que no puede volver nunca más a la vida de nuestro país», ha afirmado.
Calvo ha puntualizado que se ha acordado que durante dos años, tres archivos públicos del Estado (el Archivo General de Alcalá de Henares, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid y el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca) puedan ser digitalizados desde el año 1938 a 1968 «para poder tener los archivos penitenciarios al alcance de muchas personas y muchas familias que puedan encontrar la verdad documentada de cuál fue el camino» de sus familiares y allegados.
«Siempre fue un camino de calvario, de estar en la prisión, de las condenas que recayeron sobre ellos, del devenir de los acontecimientos que a muchos los condujo a la pena de muerte y yo creo que forma parte de lo que tenemos que seguir haciendo en nuestro país. Somos seguramente una de las grandes democracias del mundo que no tiene todavía resuelto algunas cuestiones de su memoria», ha lamentado.
Así, las series documentales que quedan incluidas en este acuerdo recogen 300.000 fichas del Registro-Índice de la Población Reclusa. En ellas se recoge el historial carcelario de cada preso y se encuentran guardadas en el Archivo General de la Administración.
Además, también estarán 400.00 fichas de propuestas de libertad condicional de la Sección de Libertad Condicional y Redención de Penas por el Trabajo. Pertenecen al período comprendido entre los años 1940 y 1965 y se encuentran custodiadas en el Archivo General de la Administración.
A ellas se suman 46.290 expedientes de propuestas de libertad condicional pertenecientes a los años comprendidos entre 1940 y 1967 –que se encuentran custodiados por el Archivo General de la Administración– y 37.147 fichas de presos condenados a muerte y a penas de reclusión mayor, entre los años 1939 y 1950 –en el Centro Documental de la Memoria Histórica–.
También se digitalizarán 1.400 fichas de libertad vigilada y 2.838 expedientes de libertad vigilada de la Junta Provincial de Libertad Vigilada de Valladolid (1943-1968), procedentes de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se encuentran actualmente en el Archivo de la Real Cancillería de Valladolid.
Una vez tratadas, estas fichas podrán ser consultadas en las plataformas institucionales del Ministerio de Cultura y Deporte, especialmente la plataforma PARES y el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. También se fomentarán los enlaces de dichas plataformas con el portal y los recursos web con los que cuente el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Según Calvo, estas cuestiones quedarán «mucho mejor» resueltas cuando la Ley de Memoria Democrática entre en vigor. «Le queda el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que nos ha pedido tres prórrogas; estamos en la tercera, esperemos que llegue pronto porque tengo mucho interés en que entre en este periodo de sesiones al debate parlamentario para ir lo mas rápidamente posible», ha manifestado.
