El Partido Popular ha advertido de que el consentimiento informado que el Ministerio de Sanidad exige firmar a las personas menores de 60 años que han sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca frente a la Covid-19 para poder recibir su segunda dosis con el mismo suero «vulnera la ley de autonomía del paciente».
En concreto, ha dicho, vulnera el Real Decreto 1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y también el derecho de elección que se encuentra regulado en la Ley 41/2002, que en su artículo 2 señala que «el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles».
El diputado regional y portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, ha calificado de «auténtico despropósito» la propuesta del Comité de Bioética de España y considera «increíble» que provenga de este comité, cuando es «tan inflexible» en su valoración de otros consentimientos. «Han logrado en un solo día descalificarse», ha opinado.
«Si te dan a elegir entre dos vacunas explícitamente, no tienes por qué firmar que rechazas una. Tan solo bastaría con elegir una de las dos opciones», ha dicho Pascual, para quien «resulta intolerable que los ciudadanos tengan que asumir una responsabilidad que corresponde a la autoridad sanitaria».
Una tesitura en la que, según ha recordado, en Cantabria se verán las entre 17.000 y 20.000 personas menores de 60 años vacunadas con AstraZeneca y pendientes de recibir la segunda dosis.
A juicio del diputado, el problema radica en la decisión del Ministerio de optar por la pauta mixta y administrar la segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, atendiendo a los resultados preliminares de un estudio del Instituto de Salud Carlos III «con unos cientos de pacientes».
Algo que ve como un «absoluto disparate» y que, según ha dicho, va en contra de la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca, de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y de la Organización Mundial de la Salud, de la posición de 17 sociedades científicas y de la opinión de numerosos expertos.
Pascual ha detallado que el documento no recoge que se ha recibido información suficiente, adecuada y comprensible acerca de las dos vacunas: no hace constar en ningún momento que el ciudadano ha sido informado de los estudios con miles de pacientes para la aprobación de la vacuna AstraZeneca ni de los estudios para valorar la combinación de vacunas.
Tampoco recoge explícitamente que la ficha técnica de la vacuna para la que se hicieron los ensayos clínicos explicita que la segunda dosis debe ser de AstaZeneca, y «oculta deliberadamente eventos adversos», también infrecuentes pero graves que han sido reportados últimamente por los Centros para el Control y Prevención en vacunaciones con Pfizer.
Además, Pascual censura que el consentimiento informado propuesto «hable permanente de rechazo a vacunarse con pauta heteróloga cuando en realidad debiera hablar de libertad de elección».
«Un documento de tal naturaleza únicamente trata de eximir de responsabilidades a la Administración y a los profesionales que no informan debidamente como debieran hacer con cualquier consentimiento informado», ha abundado Pascual, quien opina que, si acaso, lo normal sería firmar un documento para que, quien haya recibido una primera dosis de AstraZeneca y ante la oferta de la administración de dos posibles vacunas diferentes en la segunda dosis, habiendo sido informado de los riesgos de ambas, opte por la que desee.
Pascual considera que este consentimiento informado es «otra demostración de lo desnortado y desorientado que está el Ministerio de Sanidad» y ha instado al consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, a «apearse del seguidismo sin reparos al Ministerio» y trasladar en el consejo el Consejo Interterritorial de Salud el «auténtico despropósito» que supone este documento.
