La Audiencia de Valladolid ha anunciado este martes ‘in voce’ un conjunto de penas que suman 78 años de cárcel para 35 de los 38 ‘narcos’ detenidos en el verano de 2017 en el marco de la ‘Operación Infierno’, condenas muy lejos de los casi 200 años de privación de libertad que recogía el escrito de calificación provisional del fiscal del caso.
La ratificación de los acuerdos ha sido formalizada durante una comparecencia en la Sección Segunda de lo Penal que se ha prolongado por espacio de dos horas en la que el presidente, Fernando Pizarro, ha ido dando paso, por tandas, a los encausados para que éstos dieran el sí definitivo a las conformidades, con recesos de cinco minutos para que los ya condenados evacuaran el Palacio de Justicia, antes de dar entrada a otros grupos de encausados para repetir el trámite.
Así, los integrantes de los distintos clanes, los ‘Paturros’ en Valladolid, los ‘Chinches’ de Zamora o los ‘Juanantos’ en Salamanca, han ido aceptando condenas que oscilan entre los cuatro años de la más dura hasta los 20 meses de la más benigna, junto con multas de entre 10 y 60.000 euros, la mayoría por delito contra la salud pública–a una docena de ellos se le ha aplicado la atenuante de drogadicción–pero en otros casos también conducir sin carné o por tenencia ilícita de armas.
No todos han ratificado la condena en la propia sala de vistas de la Audiencia Provincial, ya que en algunos casos lo han tenido que hacer por videoconferencia desde los centros penitenciarios de Valladolid, Topas (Salamanca), Mansilla de las Mulas (León) o Manresa (Barcelona). Uno de los ‘narcos’, Roberto M.S, no ha llegado a comparecer pero está previsto que su ratificación, de un año y nueves meses, se materialice en la comparecencia prevista para este jueves.
La única que no ha llegado a un acuerdo con el fiscal es la zamorana Alabama S.J, que se encuentra declarada en rebeldía ante la imposibilidad de dar con su paradero, mientras que otra de las procesadas, Alba C.M, vecina de Salamanca, ha quedado libre de cargos este mismo martes y otro de los que integraban la larga lista de procesados se encuentra fallecido, por lo que la causa penal contra él ha quedado extinguida.
La detención de estas 38 personas tiene como germen la ‘Operación Infierno’ y en Valladolid condujo a la pareja formada por María Dolores L.G. (‘Loli’) y Alberto M.C, del Clan de los ‘Paturros’, como vendedores de cocaína y heroína en las inmediaciones de su piso en Huerta del Rey, con la colaboración de Roberto M.S, y otros ‘machacas’ como Óscar L.G. y Pedro L.R.
Los ‘pinchazos’ telefónicos realizados con autorización judicial a Loli y Alberto llevaron a los investigadores hasta otros clanes y otras provincias, como Zamora (los ‘Chinches’) y Salamanca, a los que acudían los ‘Paturros’ para aprovisionarse de mercancía, proveedores que, a su vez, se proveían de otros de los acusados y/o revendían a otros procesados o a terceros.
