La jueza y el fiscal del caso Imelsa siguen sin creer las alegaciones formuladas por el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial Rafael Rubio por su procesamiento en la causa: «no existe la más mínima evidencia» del trabajo de las ‘zombies’ contratadas en la empresa pública.
Así se desprende del escrito del ministerio público y del auto de la jueza en el que se desestima el recurso interpuesto por Rubio contra su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
Se da la circunstancia de que Rubio fue detenido la semana pasada en el marco de otro procedimiento, el caso Azud, por supuestamente cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas a diferentes mercantiles. Desde el sábado se encuentra en la cárcel de Picassent por estos hechos.
En Imelsa, a Rubio, diputado socialista en ese momento y consejero de la empresa pública entre julio de 2007 y junio de 2011, se le cuestionan dos contrataciones efectuadas de marzo a junio de 2011 de dos asesoras: una de ellas cobró 13.198,78 euros, y la otra, ama de casa, estuvo dada de alta en el mismo periodo y con el mismo salario.
Rubio negó cualquier tipo de irregularidad y pidió que se revocara su situación procesal. Sin embargo, ni el ministerio público –se trata del mismo fiscal Anticorrupción que lleva Azud– ni la jueza lo ven posible.
En concreto, el fiscal considera que Rubio, en su recurso, ha hecho una construcción «interesada» de los hechos «que no combaten los establecidos en el auto», sino que los sustituye por otros.
«Lo cierto es que no existe en la causa la más mínima evidencia de trabajo efectuado por las dos personas contratadas como asesoras de Rubio. Entre otras cosas, poco asesoramiento tendría que ser realizado cuando el Consejo de Administración de Imelsa se reunía apenas dos veces al año», apostilla.
Además, y en relación con los argumentos de Rubio, el fiscal advierte de que la utilización fraudulenta de la contratación en Imelsa de asesores «no es de un nuevo cuño», sino «antiguo», y por eso han sido ya condenados dos personas: «En nada afecta pues a su concreta responsabilidad la ilegalidad y responsabilidad penal cometidos por otros, que también han sido condenados», agrega.
«QUE ES QUIEN LES PAGA»
La jueza, que comparte los argumentos esgrimidos por el ministerio público, desestima el recurso de Rubio y señala que las dos supuestas asesoras percibieron salario de la empresa pública sin prestar el cometido laboral para la misma.
«No se trata solo de justificar si fichaban o no. Además se debe acreditar que realizaban tareas correspondientes al puesto de trabajo para el que se les contrata en la empresa, que es quien les paga. Y respecto de los indicios que acreditan que ello no era así, se hace referencia en las imputaciones correspondientes a las mismas, que también han sido objeto de recurso y que han sido razonadas en las resoluciones dictadas respecto de las mismas», añade.
En cuanto al resto de alegaciones realizadas por Rubio referidas a la prestación de servicio y cumplimiento de las funciones asignadas, la jueza discrepa. Indica, respecto a la primera ‘zombie’, que existe una sospecha «razonable» de que fue contratada como asesora de Rubio percibiendo un salario con cargo a Imelsa sin prestar cometido laboral que justificara dicha contratación, «sin que por su parte hubiese justificado suficientemente la prestación de servicios que ella indicó que hizo».
Y tras la instrucción practicada, señala, esta situación «no ha variado en absoluto», sin que por la recurrente se haya acreditado «mínimamente» cuál fue ese trabajo que dice que llevó a cabo y por el que percibió un salario de Imelsa.
Ocurre lo mismo, apostilla la jueza, en el caso de la otra ‘zombie’. En su declaración judicial manifestó que era ama de casa, que le dijeron que tendría que ir a la sede del partido socialista a la Diputación y estar por las tardes haciendo un trabajo de administrativa, que conocía «mucho» a Rubio, que le llamaron de Imelsa y firmó el contrato.
Y de la misma manera que la anterior, esta mujer «tampoco» ha justificado la realización de un trabajo real y efectivo para el que se la contrató como asesora de Rubio y por el que percibió un salario público.
