La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) defiende la colaboración público-privada en la gestión de las ayudas europeas para combatir la «escasa» inversión en infraestructuras.
La directora de Medio Ambiente de la Confederación, Begoña Leyva, ha indicado que si bien se contempla un presupuesto amplio y variado, todavía está alejado de las cifras que serían óptimas. Así lo ha señalado durante la ‘Jornada de seguimiento de los fondos Next Generation EU; el camino hacia la recuperación económica’.
La organización ha pedido un uso más eficiente del gasto público en un escenario como el actual, marcado por las restricciones presupuestarias. Leyva ha aclarado que este tipo de inversiones no implicarían su privatización, puesto que la titularidad de las infraestructuras continúa siendo pública, pero ayudaría a que fueran sostenibles en el tiempo.
Además, la directora de Medio Ambiente de CNC ha considerado que este esquema de la colaboración público-privada encaja en el ámbito las infraestructuras hídricas, donde existe un notable déficit de inversiones, así como ha destacado la importancia de las infraestructuras medioambientales en un momento de tránsito desde una economía lineal a una circular.
La CNC ha reiterado durante la jornada la importancia del sector de la construcción a la hora de canalizar los fondos europeos, puesto que estará presente -de manera directa o indirecta- en la mayoría de grandes partidas gracias a su efecto tractor en la economía, lo que hará que genere una cuarta parte de todo el empleo previsto en torno a las ayudas comunitarias.
La directora de Medio Ambiente de la patronal ha hecho hincapié en la necesidad de cambiar la percepción en España de que la obra pública no es un gasto, sino una inversión con un importante retorno, ya que de seis de cada diez euros acaban volviendo a las arcas públicas, al tiempo que permite el desarrollo y la cohesión social al garantizar el acceso a los ciudadanos a servicios básicos como el agua o la luz.
Respecto a la canalización de los fondos europeos que contempla la nueva hoja de ruta del Gobierno, CNC sostiene que en las infraestructuras energéticas preocupa la modificación de la ley de evaluación de impacto ambiental.
Por ello, ha apelado a la agilización de los trámites, lo que pretendía dicha ley, puesto que la media de tramitación de una evaluación ambiental de un parque eólico es de 70 meses y la de un huerto solar de 45 meses, «lo que hace que se dejen morir los plazos para echar atrás cualquier proyecto sin ningún tipo de justificación».
Asimismo, ha advertido sobre los riesgos que conlleva para la ciudadanía el mal estado de conservación de parques y jardines, por lo que CNC apremia a que estas inversiones, recogidas de manera adecuada en términos presupuestarios, se activen con carácter de urgencia, permitiendo así una labor adecuada de mantenimiento y de anticipación, fundamental para minimizar los impactos de fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones si se produjeran fuertes lluvias o el de Filomena a principios de año, que tendrá un gran impacto en la gestión forestal y la prevención de incendios.
