La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha transmitido a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que responderá acogiendo a menores migrantes solos que están en Ceuta, «como ha hecho los últimos años, y concretamente, hace dos semanas con 43 menores procedentes de Canarias».
Según han informado fuentes del departamento, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales han participado el secretario general de la conselleria, Oriol Amorós, la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Georgina Oliva, y la secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Mireia Vall.
Han trasladado que es «indispensable» la presencia de los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en estos encuentros, para que participen en las soluciones que son necesarias en ámbitos de sus competencias.
Han recordado que han solicitado en diversas ocasiones al Gobierno central la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería «por la vulnerabilidad que provoca, y que, mientras tanto, flexibilice el permiso de trabajo y residencia para estos jóvenes».
DERECHOS HUMANOS
El Ejecutivo catalán ha señalado que los derechos humanos «no tienen periodos de suspensión ni excepciones», ha mostrado su disgusto con imágenes de las últimas horas, y ha dicho que los menores no pueden usarse como moneda de cambio de conflictos diplomáticos, según las mismas fuentes.
Ha asegurado que en la situación que se vive en Ceuta, «que es extraordinaria», hay un elemento coyuntural vinculado a la crisis diplomática y otro estructural, vinculado a la desigualdad norte-sur y a las diferencias demográficas.
Sobre los criterios de repartos, relacionados con la población de las comunidades autónomas y situación económica, Cataluña ha insistido, según las mismas fuentes, en que es necesario tener en cuenta los menores migrados solos que tiene en su sistema de protección a la infancia –1.490 en la actualidad– y los mayores de edad que siguen en el sistema -4.075– que entraron como menores.
Asimismo, han subrayado, sobre la financiación que ofrece el Estado, que «para una situación extraordinaria debe existir una financiación extraordinaria» y que no puede sacarse de una financiación ya prevista para dar respuesta a una situación de emergencia.
