Los sistemas colectivos de gestión de residuos (SIG) han celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados y confían en que ponga fin al retraso acumulado en esta materia en España, aunque observan algunos aspectos de la norma con preocupación.
En concreto, el SIG de envases ligeros y papel y cartón, Ecoembes, que gestiona los residuos de los contenedores amarillo y azul, ha manifestado que el inicio del trámite parlamentario es «un hito» ante la «necesidad» de actualizar la norma para que sea «ambiciosa en las metas, exigente en las responsabilidades y clara en la defensa de la eficiencia» para cumplir los objetivos.
En ese sentido, recuerda que España acumula un «importante retraso» en transponer directivas que ha llevado a un «incumplimiento continuado» de los objetivos de residuos en los últimos años, por lo que confía en que ahora se resuelva de forma «urgente, coordinada y proporcional».
Para la entidad, la ley deberá valorar el papel clave de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) como «acelerador» de la transición hacia la economía circular basada en la reducción, la reutilización y el reciclaje, y deberá reforzar y armonizar las reglas de transparencia, gobernanza y financiación que «aplicarán por igual a todos los sistemas de gestión a partir de ahora.
No obstante, cree que es «fundamental» que garantice «explícitamente» el principio de eficiencia y que los costes sean «los necesarios» para cumplir los objetivos mediante la recogida separada de manera «proporcional, coherente y sostenible para todas las partes involucradas»: empresas, sistemas colectivos, administraciones públicas, operadores públicos y privados, y ciudadanos.
En cuanto a la coordinación, incide en que es «clave» para mejorar el «control administrativo» y la trazabilidad de los residuos, evaluar el impacto económico real de las medidas y facilitar que las empresas alcancen los objetivos de la ley «sin poner en peligro ni la unidad de mercado ni su competitividad por el efecto acumulativo de los costes, sobre todo entre las más pequeñas y vulnerables».
Por último, reclama que en los casos de incumplimiento, la ley disponga de un régimen sancionador que «evite ambigüedades e identifique infractores en base a una asignación previa y clara de roles y responsabilidades».
Por su parte, la European Recycling Platform celebra que la futura ley «profundiza» en la responsabilidad ampliada del productor, un «instrumento» de política ambiental con enorme potencial y que «ha demostrado su eficacia» en las últimas dos décadas.
La directora general de ERP, Laura Alonso, ha apuntado que era «necesario» un nuevo marco ampliase la responsabilidad a nuevos flujos de residuos y desarrollase «mejor» sus mecanismos. Por ello, considera que se debe aprovechar para mejorar su aplicabilidad, así como la de las respectivas normativas de desarrollo de flujos específicos.
Asimismo, insta a que el proyecto de ley corrija las ineficiencias detectadas desde la última reforma de la ley de residuos, y que apueste por «mecanismos que han demostrado buenos resultados en la gestión de residuos como los actuales convenios marco».
En ese sentido, estima que la nueva ley debería servir para adaptarse a nuevas realidades como la venta online, donde el texto inicial supone un avance pero «quizá debería tener más concreción en cuanto a su adecuado control».
En la misma línea, desde el Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados, SIGNUS, la valoración es «positiva» porque era necesario adaptar la normativa vigente, de hace 10 años, a la situación actual y retos futuros.
Si bien, ven en el proyecto de ley una «oportunidad» para incorporar a la normativa española lo establecido en la Directiva 2008/98 sobre residuos, en particular lo relativo a los requisitos mínimos aplicables a los regímenes de RAP.
Por otro lado, celebran lo que establece el proyecto de ley sobre la cobertura geográfica de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor que «debe estar claramente definida y no puede limitarse a las zonas en las que la recogida y gestión del residuo sea más rentable».
SIGNUS destaca que se establezcan mecanismos «más concretos» para garantizar que los productos que se ponen por primera vez en el mercado mediante plataformas electrónicas cumplen con las exigencias financieras derivadas de la RAP y también echa en falta mecanismos de control e inspección para garantizar el cumplimiento de la ley.
Desde la plataforma Recyclia, su consejero delegado, José Pérez, ha manifestado que esta «norma básica» afecta a «todos» los sectores productivos y, en especial, a los generadores de residuos.
Así, apunta que más allá del «punto sensible e incluso conflictivo» del impuesto al plástico, al sector de residuos electrónicos y de pilas, como es Recyclia, le preocupan también otros temas que les afectan «de manera especial».
En concreto, alerta de la preocupación que les suscita la regulación de los requisitos y obligaciones de los sistemas individuales de responsabilidad del productor, porque considera que supone un «claro desequilibrio a su favor en comparación con los sistemas colectivos».
Por otro lado, advierte de que la regulación en materia de acuerdos obligatorios con las Administraciones, hasta la fecha voluntarios, que puede contribuir «sin duda a que se vea afectado el principio de libertad de empresa». También ve como un «punto crítico» la regulación de la venta on-line. Aunque la valoración en su conjunto es positiva, pide que estas preocupaciones sean «muy tenidas en cuenta» durante la tramitación parlamentaria.
Finalmente, desde el sistema de gestión de vidrio Ecovidrio, celebran las referencias explícitas a la unidad de mercado y a que afecte a «todos los residuos en todo el territorio», así como la obligatoriedad de recoger de forma separada de distintos flujos de residuos para poder alcanzar en 2025 el objetivo europeo de reciclar el 55 por ciento de los residuos municipales.
Sin embargo, refleja algunas «inquietudes» del borrador respecto a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), la financiación para la recuperación de residuos de envases de vidrio que no han sido correctamente separados por los ciudadanos a través del contenedor verde ya que su recuperación en plantas de residuos urbanos es «en la mayoría de los casos inviable técnicamente y, desde luego, muy poco eficiente».
Por ello, advierte de que esta vía menoscaba la propiedad de completa circularidad del material vidrio ya que se perdería mucho material (100% reciclable cuando se gestiona a través del contenedor verde).
Ecovidrio alerta asimismo de nuevos costes «no necesarios ni eficientes» que podrían impactar muy negativamente en las compañías envasadoras financiadoras del sistema, en un 98% pequeñas y medianas empresas, «en un momento delicado para su competitividad a causa de la pandemia».
Por último, pide que la ley refuerce la corresponsabilidad de todas los agentes que participan en el sistema de gestión de residuos mediante una mejor definición de sus responsabilidades y obligaciones dentro del sistema.
