Fundación Mujeres ha advertido este lunes en el Congreso que la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que la semana pasada vio la luz verde en el Senado, no blinda el derecho procesal de los menores a ser escuchados y pide que en el último trámite en el Congreso se modifique este punto.
La presidenta de esta entidad, María Luisa Sotelo, ha advertido en este sentido de que cumplir con el derecho de los menores a ser escuchados no es que puedan declarar «en una sala llena de peluches», sino que se «les tenga en consideración».
Sotelo critica, por ejemplo, que, mientras en los medios de comunicación y desde los partidos se habla de que esta ley prohíbe el Síndrome de Alienación Parental (SAP), el artículo que habla de este tema recoge que se «tomen medidas» en la materia y deja «al albur» de la interpretación lo que haya que aplicar.
Sotelo cree que esta no es la manera por la que se conseguirá que en los juzgados de España se deje aplicar el SAP y señala que, mientras las autoridades pertinentes toman las medidas que reclama la Ley en este sentido, «muchas mujeres» están «esperando» como «víctimas de la terapia del alejamiento».
Preguntada por la portavoz de Vox en esta comisión, Carla Toscano, por la postura de la Fundación en relación al SAP y el por qué rechazan esta práctica y defienden la violencia vicaria, Sotelo ha explicado que el síndrome «provoca una vulneración de los derechos de la tutela judicial de los menores» a través de una idea preconcebida de que no quiere estar con uno de sus progenitores, evitando que se inventigue el caso.
Como ejemplo, ha puesto los diarios y cartas de una niña separada de su madre que, durante cinco años, reclamaba en esos escritos su deseo de verla, un mensaje que no se atendió que «por incomprensión del equipo psicosocial y de una Fiscalía no especializada en violencia de género».
TENER EN CUENTA EL TESTIMONIO DEL NIÑO
A su juicio, el SAP es un ejemplo más de las «carencias de protección» a los menores que existen en el país. Y, en este sentido, ha pedido a las diputadas que, cuando la Ley vuelva al Congreso, tras su paso por el Senado, se vuelvan a leer el texto y lo modifiquen para blindar «no solo que los menores puedan testificar», sino para que «se les haga caso» en dicho testimonio.
Sotelo ha reconocido que, aunque «tarde» se han puesto en marcha algunas medidas que eran necesaria para la «protección y reparación» específica de estos menores y apunta que, algunas de estas medidas «aún generan dudas», principalmente en lo que respecta al ámbito judicial.
En este sentido, urge a aclarar que la violencia de género sea un «elemento inhabilitante» de la patria potestad y se cumpla lo que el movimiento feminista reivindica desde hace años, «que un maltratador no es un buen padre». También ha denunciado carencias en materia de pensiones de orfandad, una ley que, ha recordado debía ser evaluada tres meses después de su puesta en marcha, según el Pacto y que, según ha indicado Sotelo, no tienen «noticias» de que esta evaluación «se haya realizado».
PROTEGER DE LOS DELITOS SEXUALES
«No estamos protegiendo adecuadamente a los niños de los entornos de la violencia de género», ha lamentado la presidenta de Fundación Mujeres, para añadir que tampoco se están desarrollando procedimientos judiciales para perseguir su ejecución.
Parte de esta falta de protección, explica la presidenta de Fundación Mujeres, se solucionaría con la puesta en marcha de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’ y la reforma que realiza en su texto para unificar el delito de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.
«Tiene que cambiar digan lo que digan el CGPJ y el Consejo de Estado», ha denunciado, antes de criticar que «no funciona este tipo penal».
Sotelo ha denunciado en su comparecencia en el Congreso que, en la actualidad, la pena es menor para quien viola a una menor, que quien pega a una paliza a una mujer para agredirla sexualmente, porque las niñas no se defienden y sería abuso.
CAMPAÑAS TAMBIÉN PARA LA JUVENTUD
La intervención de Sotelo ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Cámara Baja tenía como objetivo informar sobre la aplicación de este acuerdo años después de su aprobación y, junto a ella, también ha comparecido ante el órgano la presidenta de la Confederación Mujeres en Igualdad, Susana Camarero.
Esta última también se ha referido a la atención a la infancia víctima de violencia de género y a la necesidad de recursos para que su educación les ayude a reconocer esta lacra, para que los operadores que los atienden sepan de su sufrimiento y sepan atenderlos. El objetivo, ha indicado, es que la juventud no continúe reproduciendo «patrones discriminatorios y machistas».
En este sentido, ha reclamado más campañas o adecuarlas para que lleguen y sean más visibles a la juventud.
También se ha referido a la Ley del ‘solo sí es sí’, aunque en su caso para mostrar su preocupación por la «inseguridad jurídica» que genera entre los expertos y la «confrontación y división» que ha provocado el texto. Es por ello que ha pedido que se siga trabajando en las medidas del Pacto de Estado en esta materia y que no se trabaje en donde no hay consenso.
URGE A LA LEY DE TRATA
Esta postura ha sido criticada por la portavoz de Unidas Podemos en esta sesión, Isabel Franco, quien ha defendido la necesidad de esta norma. Para Camarero, no es necesario «entrar en un debate que no estaba en el Pacto». A su juicio las «víctimas necesitan consenso» y «unidad» y que se «priorice» aquello en donde «el acuerdo» ya esté conseguido.
Se refiere así a la puesta en marcha una ley integral contra la trata que ha reclamado al Gobierno porque, como ha indicado, así se recoge también en el Pacto. Al respecto, ha declarado la actitud, a su juicio, preocupante por la «deriva proregularización» que está llevando la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la redacción de este texto. «La ley de trata es una prioridad y necesidad e insisto a que esto se convierta en prioridad en la agenda y que por fin vea la luz en esta legislatura», ha declarado Camarero.
La presidenta de la Confederación Mujeres en Igualdad, exsenadora y exsecretaria de Estado del PP, también ha llamado a la puesta en marcha de más protocolos de actuación para la prevención de la violencia sexual para comunidades y ayuntamientos. En este sentido, ha recordad que en 2019 el dinero recibido del pacto por los consistorios sirvieron para poner puntos violeta en las fiestas, un escenario que ya no existe en estos años de pandemia, por lo que pide replantearse su uso.
