La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido este miércoles que tras el fin del estado de alarma las comunidades autónomas han asumido «presión», pero como «todos los gobernantes», y ha defendido que tienen las competencias para gestionar la pandemia en este punto, en el que la incidencia ya es baja en la mayoría de los territorios y se avanza en la vacunación.
«La pandemia da mucha presión a los gobernantes, claro, pero a todos, también a las comunidades autónomas, que tienen evidentemente un haz de competencias intacto para tomar decisiones», ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, ante las críticas de la oposición, principalmente del PP, por el fin del estado de alarma.
Calvo ha vuelto a rechazar el llamado ‘plan b’ jurídico de los ‘populares’ para permitir que los gobiernos autonómicos apliquen medidas que restrinjan derechos fundamentales sin aval judicial, y ha rechazado que se haya creado «caos jurídico» por las decisiones contradictorias de los tribunales superiores de justicia sobre las medidas de las comunidades.
Según Calvo, ese es el funcionamiento normal de la justicia. Es más, ha respondido al PP que el «caos», o al menos «algo así» parecido, es lo que tienen ellos, ante las diferentes estrategias que han mantenido sobre el estado de alarma a lo largo del tiempo y en los distintos territorios.
En todo caso, ha defendido la reforma para dejar en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones, y ha asegurado que esto no supone colocar a los tribunales en la posición de los Ejecutivos, sino simplemente garantizar que se puede unificar doctrina.
EL GOBIERNO, «ATENTO A LO QUE DIGA EL SUPREMO»
«Nuestra modificación ha sido puntualmente procesal y puntual, para que hubiera una respuesta definitiva a la que cada territorio acogerse, y nada más», ha explicado.
Eso sí, ha defendido que el Gobierno estará pendientes de lo que diga el Tribunal Supremo si se pronuncia sobre las restricciones de las comunidades autónomas y la legislación vigente. A este respecto, ha admitido que la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio es «muy antigua» y que «es muy difícil» que un legislador pueda prever escenarios como el actual, «por mucha imaginación que se tenga».
«En este sentido, lo que sí es cierto es que estaremos atentos a lo que diga el Supremo, pero nuestra modificación ha sido puramente procesal y puntual para que hubiera una respuesta definitiva a la que cada territorio pueda acogerse, y nada más», ha enfatizado.
Además, ha negado que el Gobierno se haya quitado de en medio en la gestión de la pandemia, porque ha asumido toda la responsabilidad de la situación jurídica tanto en el primer estado de alarma como en el segundo.
Sin embargo, ha insistido en que en la situación actual era necesario acabar con los criterios generales que supone el estado de alarma –aunque un modelo «más relajado» en esta última fase– y optar ya por que cada región actúe contra la pandemia con sus competencias. «A las comunidades no se les puede imponer a todas por igual según los datos un criterio de esta naturaleza», ha asegurado.
DEFIENDE LAS LIBERTADES EN ESPAÑA
Así lo ha asegurado, ante las acusaciones de la diputada del PP, Edurne Uriarte, contra el Gobierno por «no hacer nada», a su juicio, y no tener más plan ahora que «esperar al futuro», a lograr dentro de 98 la inmunidad de grupo. «98 días en los que no van a hacer absolutamente nada. Bueno, sí, decir que las comunidades son las responsables», ha apostillado.
Uriarte también ha aprovechado para alertar sobre la preocupación del PP sobre el estado de «las libertades en España», a lo que Calvo ha respondido defendiendo la calidad de la democracia española, y acusando a los ‘populares’ de haberse «creído un eslógan electoral».
Calvo también se ha defendido de las acusaciones del diputado de Ciudadanos Jose María Espejo de haber «ocultado» el informe del Consejo de Estado sobre el mecanismo para gestionar los fondos europeos, recordando que el Gobierno ni tenía porqué pedir dicho informe, ni publicarlo, porque no era vinculante. «No había caso», ha sentenciado, tras tachar de «lamentable» el debate que se generó.
«Su gobierno no ha estado a la altura del país en las circunstancias que nos encontramos. Ha mentido, ha ocultado, ha usado la pandemia para hacer propaganda y uno uso partidista, hecho oposición a la oposición», había denunciado Espejo.
