El Defensor del Pueblo valora «positivamente» la reforma del marco regulatorio de las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, realizada por el Gobierno en 2020.
«Aunque no aborda la prohibición absoluta de su publicidad, cuyo estudio la Administración llegó a aceptar en su día, presenta, respecto a la situación jurídica anterior a su publicación, evidentes mejoras en la garantía de los derechos de los colectivos más sensibles a la problemática del juego», sostiene la institución en su Informe Anual relativo al ejercicio 2020 que ha presentado de forma telemática este jueves ante el Congreso y el Senado.
El informe de la institución, que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, detalla que «la proliferación en la Comunidad de Madrid, de establecimientos de apuestas, así como su proximidad, en muchos casos, a colegios y centros educativos dio lugar a la correspondiente investigación».
En este sentido, señala que, de los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, referidos a septiembre de 2019, por lo que se refiere a los locales específicos de apuestas de Madrid capital, se deduce que la ratio de locales por cada cien mil habitantes alcanzaba su máximo en el distrito de Usera (0,73), seguido de Villaverde (0,48) y Puente de Vallecas (0,39). Los distritos de Retiro, Salamanca y Barajas no tienen establecimientos de este tipo en su territorio y Chamberí y Centro presentan ratios inferiores a 0,10.
La regulación y «estricto» funcionamiento de los establecimientos de juego, «alejándolos en lo posible de los centros educativos», es, a juicio de esta institución, «un asunto de gran importancia, por cuanto afecta a los derechos de los menores de edad, susceptibles de especial protección, y a los de los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad ante las adicciones, lo que exige que los órganos administrativos competentes en la materia dispongan de la mayor información posible sobre la magnitud del problema».
El Defensor añade que en otra queja se trasladó también a la Comunidad de Madrid, la preocupación de una ciudadana con el funcionamiento, en numerosas cafeterías y bares, de tragaperras que entendía que, «dado el acceso normalizado a este tipo de establecimientos de menores de edad, a veces sin compañía de adultos, el cumplimiento de la prohibición de que ellos hagan uso de estas máquinas depende, en última instancia, del celo del titular del establecimiento en la comprobación de su edad».
Se señalaba también, como indica el Defensor, que «las luces, música y ruidos que producen estas máquinas, especialmente en el pago de premios, constituyen un poderoso reclamo de la atención de los menores, estímulo susceptible de ayudar al desarrollo de futuras conductas adictivas con relación al juego».
La respuesta del Gobierno regional dio cuenta de que en la Comunidad de Madrid existen 15.680 máquinas de este tipo instaladas en bares y establecimientos análogos, sin que, en los últimos tres años, se hayan producido denuncias ni abierto actas de infracción por su funcionamiento.
Por su parte, la Consejería de Sanidad informó del proyecto de creación de un observatorio para el abordaje transversal del problema de la adicción al juego, iniciativa que actualmente se encontraría paralizada por razón de la pandemia, así como de la próxima puesta en marcha de una tercera unidad de tratamiento de adicciones comportamentales en el Hospital Gregorio Marañón, que vendría a sumarse a las ya existentes en los hospitales Ramón y Cajal y 12 de Octubre de Madrid.
Por otro lado, explica en el informe que, ante la falta de desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, que prevé una participación de los clubes no profesionalizados en los ingresos generados por las apuestas deportivas, se formuló un recordatorio de deberes legales a la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, que informó de la previsión de abordar dicho desarrollo reglamentario en el segundo semestre de 2021, por lo que se suspendieron las actuaciones hasta que se comunique la modificación anunciada o transcurra el referido plazo.
