El pleno del Parlamento de Galicia aprobará la semana que viene una proposición no de ley urgente en la que insta al Gobierno central a adecuar la Ley Orgánica de Salud Pública a la gestión de las situaciones de pandemia, mientras que la propia Cámara autonómica ya ha acordado iniciar la defensa jurídica de su propia normativa, recurrida ante el Tribunal Constitucional en su artículo 38.2, el cual está suspendido.
Concretamente, en la iniciativa no legislativa se pide al Estado que proceda a «una adecuación de la legislación orgánica en materia de salud pública que le aporte mayor detalle y concreción» con el fin de «proporcionar a las autoridades competentes el mejor marco jurídico posible» para afrontar las presentes y futuras situaciones de riesgo «grave» para la salud pública.
Así, los populares, que llevarán esta iniciativa a pleno, la cual saldrá adelante, al menos, con los votos de esta formación, se apoyan en que el propio Gobierno había comprometido a realizar una reforma y así lo recomendó también la comisión de reconstrucción social y económica creada en el Congreso. En este sentido, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, también ha constatado que el informe del Consejo de Estado, a propósito del recurso contra la ley gallega, ya sugería al Gobierno central la necesidad de adecuar la ley orgánica estatal.
Además, la proposición no de ley que será aprobada reclama al Gobierno central que «mientras no concluya ese comprometido proceso de actualización y desarrollo de la legislación orgánica en materia de salud pública, desista» de solicitar la suspensión de la normativa legal aprobada por los distintos órganos legislativos autonómicos.
«Volvemos a demandar el paraguas jurídico que están demandado ya otras comunidades», ha explicado Puy en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, en la que ha reclamado que se «reconsidere» la decisión de no tramitar una ley orgánica.
El portavoz del PPdeG ha indicado que ahora la gestión implica pedir permiso a los tribunales de justicia si hay que adoptar medidas como la limitación de movimientos. Precisamente, el Gobierno central viene de anunciar una modificación al respecto que implica la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo en el caso de que los tribunales superiores de justicia autonómicos tumben decisiones de los ejecutivos.
Sobre la base de esta información (recibida en el momento de la rueda de prensa), el diputado popular ha indicado que esto supone una modificación en el proceso que ya se hizo en su momento, puesto que los tribunales de primera instancia tampoco daban respuestas iguales ante la situación de la pandemia. A juicio de Puy, recurrir a la justicia «no arregla, sino alarga» los procesos de gestión.
Así, ha sido contundente ante la necesidad de que una persona que esté contagiada de un virus como el SARS-COV-2 pueda ver limitados sus derechos de movilidad como «ir al trabajo» o a «reuniones». «¿Es preciso sí o no?», ha planteado, para seguidamente contestar que sí y que de eso se trata la defensa de una ley.
Puy entiende que todavía hay «margen» para lograr un acuerdo interpretativo entre los gobiernos central y autonómico, que están en pleno debate jurídico en la comisión bilateral, el cual evitaría tener que recurrir a una reforma de la legislación gallega que, tal y como recordó, no fue enmendada por los letrados del Parlamento de Galicia.
De hecho, fuentes parlamentarias han confirmado que la Cámara gallega ya inició el proceso de elaboración de alegaciones para la defensa jurídica de esta normativa, previo acuerdo de la Mesa del Parlamento y tras comunicar a los grupos el recurso de inconstitucionalidad.
MODIFICAR LA LEY
Preguntada al respecto en su rueda de prensa, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha insistido en que la normativa aprobada en el Parlamento de Galicia en febrero es una «chapuza legal». Para los nacionalistas, como ya manifestaron en los debates pasados, tenía que haberse optado por «reforzar la sanidad pública» y «no» por tratar «un virus como si fuese una cuestión de orden público».
La diputada nacionalista ha reclamado que el Gobierno dote a las comunidades «de más herramientas» para que puedan «adoptar las medidas que sean necesarias» para la gestión de la pandemia.
En su intervención, el viceportavoz del Grupo Socialista, Pablo Arangüena, ha insistido en que el Consejo de Estado «avala» la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante el TC y ha defendido que la solución pasa por «modificar» la normativa, la cual «restringe derechos fundamentales, cosa que es contraria a la estructura legislativa del Estado».
«No se pueden hacer diferencias entre comunidades», ha aseverado el dirigente socialista, quien ha incidido en que la Xunta «se equivocó» con una «ley que no respeta el sistema constitucional». «La Xunta tiene que rectificar; es lo que tiene que hacer», ha insistido, en el sentido de que la solución pasa por una modificación del texto, para que el Gobierno «retire» el recurso en el TC.
FIN DEL ESTADO DE ALARMA
En cuanto a las medidas que se deben adoptar, Olalla Rodil pidió «prudencia», porque «la situación es menos mala que en otros momentos recientes» pero puede empeorar. Lo que ha reclamado es que las comunidades «tengan toda la capacidad de decisión y todas las competencias» para afrontar la crisis sanitaria, las cuales en todo caso no ha precisado, y espera a que se conozca el marco legal que quedará vigente.
«Prudencia, manteniendo todas las medidas para que no vaya a peor», ha dicho, apelando a que con «levantar un poco el pie» la situación puede variar. «Por eso, responsabilidad para los gobiernos y para todos nosotros y seguir acelerando el proceso de vacunación».
Sobre el fin del estado de alarma, el diputado socialista ha defendido la postura del Gobierno central, matizando que su retirada no implica «descartar» que «se retome» más adelante o en alguna comunidad que tenga «un problema específico» con la expansión del virus y pueda «solicitar la reactivación».
Así, ha convenido que las comunidades «tienen medios» para gestionar la pandemia y ha apelado a la «responsabilidad» de los socialistas gallegos para apoyar y «asumir» todas las medidas que se decidan en Galicia con «el aval del comité clínico» que asesora a la Xunta. «Eso es lo que vamos a seguir haciendo», ha dicho el viceportavoz del PSdeG, quien ha rechazado «sustituir» al comité clínico.
«Las medidas que adopte la Xunta con el aval del comité clínico van a ser las que tengan el aval del PSdeG. No hicimos oposición con la pandemia», ha aseverado Arangüena, quien ha reprochado que ha sido una postura «diferente» a la que hizo el PP con el Gobierno central.
Por su parte, el popular Pedro Puy ha destacado el «momento crucial» en la evolución de la pandemia, con un proceso de vacunación que se está «acelerando» y con el que se observa que «la vacuna está demostrando la capacidad para evitar contagios y muertes», de forma «clara y evidente». Eso sí, mientras es preciso seguir con «cuidado y precaución» y hacer un uso de las libertades y derechos con «responsabilidad» y «protegiendo a todos, la economía, el empleo y que no haya contagios.
Sobre el levantamiento del estado de alarma, Puy ha insistido en la necesidad de una legislación y ha observado que la incidencia en Galicia ha aumentado con los movimientos entre comunidades. Así, ha dicho que se «sentiría más tranquilo» si Galicia siguiese contando con un marco legal que le permitiese seguir manteniendo decisiones que se «adoptaron en el pasado y funcionaron».
