El Ministerio de Derechos Sociales ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el reparto de 730,8 millones de los Fondos Europeos para transformar el sistema de cuidados.
Por comunidades autónomas, aquellas que más fondos reciben son Andalucía (124,9 millones de euros); Cataluña (110,3 millones); Madrid (94,1 millones); Comunidad Valenciana (72,4 millones); Galicia (45,6 millones); Castilla y León (41,8 millones); Castilla-La Mancha (34,9 millones), y Canarias (34 millones).
Les siguen País Vasco, con 32,2 millones de euros; Aragón (23,7 millones); Murcia (22,5 millones); Extremadura (18,8 millones); Islas Baleares (17,9 millones); Asturias (17,2 millones); Navarra (10,99 millones); Cantabria y La Rioja, (cada una de ellas con 10,96 millones); y Ceuta y Melilla (cada una con 3,65 millones).
Así lo han acordado este viernes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
En concreto, se ha aprobado la distribución territorial de los créditos para la financiación de proyectos de inversión de ‘Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata de 730,8 millones de euros que, con carácter finalista, las CCAA deben destinar necesariamente a financiar los proyectos que se han comprometido a poner en marcha en tres líneas: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado la «enorme importancia» de este Consejo. Este Ministerio ha tomado buena nota de lo que necesita la gente de nuestro país, que es que los fondos europeos lleguen cuanto antes a la gente, que se empiecen a llevar ya a las economías familiares, que se traduzcan en empleos de calidad, especialmente en un sector –el de la Dependencia– que está enormemente feminizado», ha indicado.
Este compromiso se recogerá en un convenio bilateral que se firmará entre el Ministerio y cada comunidad autónoma. Además, se establecerá un mecanismo de coordinación permanente entre todas las administraciones para asegurar que realmente se alcanzan los objetivos de transformación social que se persiguen.
Tras el acuerdo alcanzado, se firmarán los convenios bilaterales entre el Ministerio y las CCAA, donde se recogerán tanto los proyectos concretos que se van a implementar y su coste, como los objetivos que las CCAA se comprometen a alcanzar con ellos. Su cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha concretado con las CCAA los fondos que les corresponderán hasta 2023 y su distribución (se aplicarán los mismos criterios que en 2021) y los proyectos que se ejecutarán en todo el periodo. La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones.
Las comunidades autónomas destinarán el 70% a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración (mejorar las infraestructuras residenciales, centros de día, teleasistencia); un 26%, a la modernización de los servicios sociales (innovación tecnológica y digitalización; formación de profesionales; proyectos piloto de innovación; infraestructuras de atención a la infancia); y un 4%, a accesibilidad en todos los ámbitos (administración, transportes, educación).
73 MEDIDAS PARA REDUCIR LA LISTA DE ESPERA DE LA DEPENDENCIA
Asimismo, en el Consejo Territorial se han aprobado 73 medidas que el Gobierno ha trabajado con las comunidades autónomas a lo largo de los últimos meses, para reducir las listas de espera en dependencia. En concreto, el objetivo que se han marcado es reducir en «60.000 personas» estas listas de espera, en las que actualmente hay más de 230.000 personas.
«El Gobierno de España y las CCAA tiene un objetivo común, que no haya más personas que tienen reconocido el derecho de la atención a la dependencia y que están esperando las ayudas y prestaciones sin que se hagan efectivas», ha subrayado Belarra.
Las medidas que tomarán las CCAA para reducir las listas de espera, se concretan en ocho bloques: Medidas para simplificar los procedimientos de valoración del grado y reconocimiento de prestaciones y servicios; medidas para integrar los procesos de valoración y Programa Individual de Atención (PIA)–; y medidas para el desarrollo de soportes informáticos.
Asimismo, tendrán que aplicar medidas dirigidas a reforzar los recursos humanos en procesos de gestión y de valoración; incremento de inversión en recursos técnicos y materiales; medidas dirigidas a ampliar la disponibilidad de plazas en servicios deficitarios y las intensidades; y medidas dirigidas a la supresión de duplicados y disminución de incidencias. Esto último lo desarrollará el Imserso mediante un servicio permanente para revisión y depuración de expedientes dirigido a todas las CCAA.
