La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha acogido este jueves una vista sobre el juicio previsto a un exentrenador de fútbol base para el que la Fiscalía pide 180 años de prisión al acusarlo de supuestos abusos y agresiones sexuales a menores a los que presuntamente también acosaba; una comparecencia en la que el fiscal ha planteado una conformidad si el procesado reconoce los hechos.
Así lo han indicado fuentes judiciales, quienes han explicado que la comparecencia, en la que han estado tanto acusaciones como defensa, junto con la magistrada ponente, ha sido para ver si se puede llegar a una conformidad en este caso o, si no es posible, determinar cómo se celebrará el juicio, que el Tribunal pretende celebrar este año y que cuenta con un elevado número de testigos.
Las fuentes han apuntado que el fiscal ha planteado la posibilidad de llegar a una conformidad si el acusado reconoce los hechos, con el fin de evitar que los menores tengan que pasar por una situación complicada de tener que declarar; algo que, no obstante, harían por vídeoconferencia en caso de no alcanzarse un acuerdo, según ha determinado el Tribunal.
Según la investigación de este caso, presuntamente 30 menores habrían sufrido las acciones del procesado, aunque en algunos casos los hechos no constituyen delito.
Al hombre se le acusa por un delito continuado de distribución y tenencia de pornografía infantil, respecto a todos los menores; y de otros 22 delitos, de los que once son de agresión sexual a menores de 16 años, otros dos de agresión sexual con acceso carnal, tres de abuso con prevalimiento, uno de exhibición actos sexuales a menores 16 años, tres delitos de acoso a través de telecomunicaciones y dos de exhibicionismo.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado trabajaba para varias entidades deportivas, bien como entrenador de la categoría Alevines; cuyas edades oscilan de 12 a 16 años; o con otras responsabilidades, con acceso al ordenador que contiene todas las fichas de los menores. Además, trabajaba también para una empresa de ropa deportiva.
Así, la acusación pública sostiene inicialmente que el procesado «seleccionaba a menores que conocía del fútbol, y los buscaba posteriormente en las redes sociales, sin conocimiento de los mismos, ocultando su identidad bajo el nombre de una chica», con lo que creaba «confianza» para mantener, en ocasiones, conversaciones de índole sexual.
Supuestamente, «les remitía fotos de una chica desnuda y los inducía a que le enviaran fotos de ellos desnudos»; posteriormente, dice el ministerio fiscal, una vez remitida por el menor la foto «les amenazaba con publicarlas si no le mandaban fotos con actos de sexo explícitos, videos desnudos o que hicieran directos desnudos».
«Incluso para otros menores más reacios a obedecer, una vez obtenía alguna foto comprometida, el procesado les decía que se la enviaría a terceras personas sino le mostraba sus genitales» o en ocasiones obligaba «a hacer videos en directo o enviarle otras fotos más comprometidas», indica el fiscal en su relato inicial.
También, apunta esta acusación, «en otras ocasiones conseguía la contraseña del perfil de un menor para convencer a otros a la finalidad expuesta, e, incluso, y en señal de la veracidad de la amenaza», supuestamente «llegó a remitir fotos íntimas de menores a otros menores, jugadores de fútbol y compañeros, por no haber cumplido lo que le ordenaba».
Según precisa la Fiscalía, en una ocasión fueron «cuatro años de abusos, desde los diez hasta los 14 años del menor», periodo en el que el investigado presuntamente «ejerció un control sobre este, le indicaba que se tenia que acercar a él, quién debía ser su amigo, le controlaba si estaba en línea en WhatsApp e incluso las horas que pasaban sin conectarse a dicha aplicación».
«El procesado ejercía un control sobre el menor, con los mensajes de que debe acercarse a él y que no debe tener amigos», dice el escrito inicial de la Fiscalía, indicando que le controlaba «que no estuviese con niñas, se mostraba celoso incluso» y a veces se quedaba a dormir en casa del acusado, lo que también ocurrió con otros menores.
Además de la pena de prisión, el fiscal solicita que el procesado indemnice a los menores en 3.000 euros por los hechos, «sin perjuicio de que tras el acto del juicio oral se fije otra cantidad en relación con los menores más afectados», considerando que deben ser declarados como responsables subsidiarios las entidades y la empresa para la que trabajaba el acusado.
