La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha abogado este jueves por mejorar la acogida de migrantes y reforzar las vías legales para que «nadie se tenga que jugar la vida en el mar ni arriesgarse en una patera», ante la descoordinación que ha concluido el Defensor del Pueblo que hubo en la crisis migratoria en Canarias.
Hace unos días, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, aseguró que las administraciones «no estaban preparadas» para dar una respuesta adecuada a la crisis migratoria que se registró después del verano de 2020 y hubo falta de previsión, descoordinación y una «ausencia notable» de una red de acogida, en base a las conclusiones de su informe ‘La migración en Canarias’.
Belarra, a preguntas de los periodistas en València, ha remarcado que la inmigración es algo «enormemente complicado que no se puede resumir en una frase» y ha recordado las circunstancias especiales de España por su ubicación y que esto provoca que «lleguen muchas personas en situación desesperada» a través de las Islas Canarias.
A partir de ahí, ha defendido que la necesidad que vienen reivindicando desde hace tiempo es reforzar las vías legales para que «nadie se tenga que jugar la vida en el mar ni arriesgarse en una patera».
«Ese es el objetivo del Gobierno: que haya cero muertes en el Mediterráneo», ha aseverado, para reconocer que también hay que mejorar la acogida de migrantes y garantizar que en eso les van a «encontrar siempre».
El estudio del Defensor recoge el colapso vivido en las islas durante los últimos meses del año pasado, que obligó a habilitar en Canarias dispositivos temporales, como hoteles, naves industriales y campamentos, para la acogida de personas migrantes.
Esta situación vivió su momento más preocupante cuando miles de personas tuvieron que dormir al aire libre en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) ante la falta de medios, algo que el Defensor del Pueblo califica de «nada fácil».
Es más, el informe revela que los derechos de los migrantes que se vieron «reiteradamente vulnerados» y que sus condiciones de acogida estuvieron «profundamente degradadas». «El informe rastrea múltiples hechos, pero todos confirman las malas condiciones de quienes estuvieron en Arguineguín y la vulneración de derechos que allí se produjo», denunció Fernández Marugán ante la comisión mixta Congreso-Senado.
