El que fuera director general de Sa Nostra, Pere Batle, ha defendido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso ‘Sa Nostra’ la operación de 2008 por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca dado que «se mejoraba de deudor» y se los quedaba un grupo «altamente profesional».
Este miércoles ha arrancado el juicio oral en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra los empresarios Martín Gual y Javier Collado. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
«La convicción íntima que tenía es que la operación debía llevarse a cabo sí o sí porque mejorábamos de deudor», ha señalado a preguntas de la Fiscalía para luego aclarar que el cambio se produce porque los suelos, tasados en 80 millones de euros y en zona próxima al mar y cerca del aeropuerto, eran propiedad de una compañía con riesgo hipotecario (FBEX).
«Con la compraventa –por una sociedad propiedad de Gual, Haras Gestión– se mejoró el gestor, no hubo incremento de riesgo sino compraventa de activo y con esta adquisición mejoramos las expectativas de la gestión urbanística», ha recordado apuntando que al poco tiempo ese suelo que era rústico se convirtió en urbano.
Para Batle, fue la mejor solución porque Gual tenía una amplia experiencia, ya habían trabajado con anterioridad con él, por lo que a preguntas de su defensa ha afirmado con rotundidad que si tuviera que decidir de nuevo, haría lo mismo: «Era la mejor solución y la volvería a tomar».
Con todo, ha aclarado que ese tipo de decisiones de financiación nunca se tomaban unilateralmente sino que siempre se apoyaba en los comités creados a tal fin, y ha añadido que en la caja siempre se realizaban análisis por parte del comité de riesgos. En el caso de la operación con Gual no lo ha podido asegurar taxativametne pero cree que también.
APROPIACIÓN INDEBIDA
Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. «El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad», indicaba.
Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito deocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver «se concertaron con Martín Gual para que éste secolocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras».
«El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico», sostenían el Ministerio Fiscal.
En su declaración, Batle ha reconocido que Martín Gual era un promotor conocido porque era al que la caja le financiaba más viviendas. De él ha dicho que era persona escrupulosa y que no empezaba una promoción sin un numero de ventas determinado. «Lo llevaba todo muy bien, era de los mejores promotores», ha indicado.
