El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado este martes la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 27 de la capital que anulaba el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S., tras denunciar un presunto caso de corrupción.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestima así el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Móstoles y el Ministerio Fiscal y confirma el derecho del exdirector de Hacienda de Móstoles a ser indemnizado por daños morales con la cantidad de 8.000 euros.
En concreto, este excargo del Ayuntamiento de Móstoles denunció en julio de 2018 supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Consistorio y «horas después» fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de «hostigamiento».
El TSJM, como ya hiciera el juzgado sentenciador en primera instancia, defiende la correlación entre el despido de esta persona y la denuncia de un posible caso de corrupción.
Así, considera que «la desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y del ejercicio de sus funciones, denunció ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento, cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios».
Así, la sentencia concluye que existe una «lesión del derecho a la tutela judicial efectiva» por parte de este excargo del Ayuntamiento en la vertiente de «garantía de indemnidad», por lo que aprecia la procedencia y la estimación parcial de la pretensión indemnizatoria «por daños morales», fijada 8.000 euros y justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante.
Los magistrados desestiman el recurso de apelación del Consistorio de Móstoles, al que afean que tanto en primera como en segunda instancia se ha limitado a «sustentar su decisión de cese en su plena y absoluta libertad de llevarla a cabo, sin ofrecer argumentación alguna verosímil que permita explicarlo por razones ajenas a la voluntad de represaliar la conducta» de este ex alto cargo de confianza.
También desestima la petición de la Fiscalía, que solicitó la desestimación de la demanda al entender que el puesto ocupado por el demandante era un cargo de libre designación, en el que su destitución tiene un carácter discrecional y su cese no tiene «carácter de sanción». En consecuencia, no apreciaba que pudiera verse vulnerado su derecho de tutela efectiva.
HOSTIGAMIENTO
El cese de esta persona se produjo además tras sufrir diversos episodios de hostigamiento, circunstancia fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese y que quedó probada.
«La proximidad temporal entre el conocimiento de la presentación de la denuncia penal –acción– y el cese –represalia–, constituye un relevante indicio de lesión de la garantía de indemnidad que, unida a los restantes indicios, conducen razonada y razonablemente a presumir la lesión de un derecho fundamental», justifican ahora los jueces del TSJM.
El alto cargo denunció la presunta implicación de la alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles, Noelia Posse, en determinadas actuaciones municipales en materia de contratación pública y existe una grabación aportada a la causa en el que la regidora con otros cargos donde se pone de manifiesto a que, con anterioridad al cese, conocía de la denuncia penal y la «insostenible» situación del funcionario, que la cursó al haber trasmitido la situación a sus superiores sin que se depuraran responsabilidades.
