Organizaciones en representación del colectivo de mujeres con discapacidad y mujeres rurales han exigido, este lunes, en el Senado su aparición en las estadísticas sobre violencia machista, con el objetivo de que su realidad y sus especificidades sean visibilizadas.
Así lo ha defendido la secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Marta Valencia, así como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Teresa López, en sus comparecencias ante la Comisión que controla en la Cámara alta el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Valencia ha denunciado que, a fecha de hoy, España no sabe «cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas» por su parejas o exparejas, por la ausencia de datos oficiales desglosados. Esta situación, ha indicado, impide poner rostro a los datos que sí se han registrado en la macroencuesta sobre violencias machistas realizada por el Ministerio de Igualdad.
En este estudio, recuerda la secretaria de organización de COCEMFE, se recoge que el 23,4% de estas mujeres consideran que su discapacidad es el motivo por el que sufren agresiones físicas o sexuales.
Valencia critica, así, que los datos desglosados por discapacidad, entre otras muchas otras áreas, no estén presentes, por ejemplo, en los boletines mensuales de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.
UNA VISIÓN DESDE LA RURALIDAD
En referencia a otra de esas posibles áreas a desglosar, FADEMUR llama a incorporar «la ruralidad». A su juicio, se podrían desglosar los datos recogidos teniendo en cuenta a las víctimas o casos que se producen en localidades de menos de 5.000. 10.000 o 20.000 habitantes, por ejemplo. «La realidad en el mundo rural está muy oculta», ha reconocido.
López ha explicado que, además de las dimensiones de la localidad, en materia de violencia contra la mujer en el rural es también muy importante estudiar otros agravantes de la situación, como la edad de las víctimas (jóvenes o mayores) o si son o no migrantes. «Si se hacen estudios y estadísticas sin diferenciar no hay una foro real y será difícil investigar las circunstancias de las víctimas», ha apuntado la presidenta de FADEMUR.
En su opinión, la situación actual de estas mujeres reclama una actuación «ágil y urgente» y «una intervención» que, según ha indicado, especialmente tras la pandemia, debe pasar por una mayor dotación de recursos y de profesionales.
López también ha pedido fondos y partidas específicas para luchar contra esta lacra, teniendo en cuenta el tamaño de los municipios, además, de campañas de información y sensibilización adaptadas a esta realidad o que se acelere la puesta en marcha de los acordado por el Parlamento en el Pacto de Estado.
JURISTAS ALERTAN ANTE LA COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD
Mientras que la representante de COCEMFE ha puesto sobre la mesa, otras peticiones como la ampliación del concepto de violencia de género a violencias contra las mujeres, teniendo en cuenta de que algunas de estas víctimas lo son de sus cuidadores; garantizar un mejor acceso a la denuncia de las víctimas con discapacidad; realizar protocolos socio-sanitarios que tengan en cuenta esta situación específica; o reformular el Código Penal para incluir la reincidencia en delitos de violencia de género.
En la misma sesión ha comparecido ante los portavoces de la comisión la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María de los Ángeles Jaime de Pablo, quien ha hecho un repaso de los principales ejes del pacto y poniendo el foco en medidas que, a su juicio, los legisladores deben tener en cuenta.
En su intervención, también llama a una mejor y mayor recaudación de datos sobre violencia de género en materia judicial; pero también propone cambiar el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar su propuesta de revisar las órdenes de protección de las víctimas cada 3 meses, para no generar «angustia» a las mujeres; se ha mostrado a favor de un abordaje de la Educación afectivo-sexual; y ha llamado a poner en marcha la ley contra la trata y la prostitución anunciada por el Gobierno.
Del mismo modo, ha señalado que la Ley contra la Violencia en la Infancia, en la actualidad en tramitación en el Senado tras ser aprobada por el Congreso, recoge bien las medidas para proteger a los niños víctimas de violencias machistas o sexuales. Aún así, ha advertido de la violencia económica, que hace poco ha sido reconocida en una sentencia por los tribunales (cuando un padre no pasa la pensión a sus hijos), o el peligro de la coordinación de parentalidad que se usa en algunas comunidades autónomas dentro del proceso de divorcio.
Jaime de Pablo alerta de que hay muchas mujeres que recurren a la separación para huir de las situaciones de violencia de género sin tener que denunciar y que los profesionales que median en este procedimiento no están formados o capacitados para reconocer la situación o cómo tratarla. En este sentido, también ha llamado a los representantes autonómicos en el Senado a rechazar el llamado síndrome de alienación parental que, ha recordado, no tiene respaldo científico.
