La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha lamentado este viernes que los trámites de ayudas se retrasan porque las administraciones «miran con lupa» a los ciudadanos para comprobar si mienten mientras «Florentino Pérez se lleva 1.350 millones del fiasco de Castor», el fallido almacén de gas frente a las costas de Vinaròs que promovió Escal UGS, participada por ACS, empresa del también presidente del Real Madrid.
Tras el pleno de gobierno semanal, ha advertido que por ahí es donde se «desangran» las administraciones y ha llamado a cambiar la inercia de tratar a la gente como «sospechosos», en relación a la advertencia del Síndic de Greuges de que fallaron a los ciudadanos en 2020 «cuando más lo necesitaban» por unos procedimientos excesivamente farragosos y largos.
Oltra ha reconocido que es necesaria una modernización de la función pública porque «la administración no puede ser quien complica la vida al ciudadano», y menos a los más vulnerables, ni estar en la «sospecha permanente de que quien pide una ayuda no la necesita».
También ha defendido la gestión de la Conselleria de Políticas Inclusivas, bajo su dirección, ante la conclusión del defensor del pueblo de que el estado de alarma y sus consecuencias colapsaron los servicios sociales. «Lo primero que hicimos fue dictar una resolución de que se debía garantizar la prestación del servicio y la presencialidad», ha recalcado en relación al primer confinamiento.
Por tanto, «si el Síndic tiene conocimiento de que algún ayuntamiento no cumplió, debe controlarlo» porque la normativa era «muy clara». Ha asegurado que tuvieron conocimiento de algunos municipios que no abrieron estos centros y que se puso en contacto con ellos, como con el alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Pero ha remarcado que no quiere transferir «ninguna responsabilidad» a nadie y ha lamentado que estos servicios sean «los grandes desconocidos del Estado del Bienestar» cuando no nadie duda que un ambulatorio debe estar siempre abierto. También ha apuntado que en algunos casos fueron los departamentos de riesgos laborales los que determinaban que se tenían que cerrar.
«SIN DUDA HAY UNA MEJORA»
En general, Oltra ha coincidido con la visión del Síndic, Ángel Luna, de que las administraciones fallaron a la gente en 2020 y ha recordado que la Generalitat lleva «mucho tiempo diciendo que deben tener el músculo suficiente para atender a los valencianos».
Sí ha destacado las evolución de las quejas sobre su departamento, al pasar de más de 3.100 en 2013 a unas 1.300 el año pasado, una bajada similar a las relacionadas con dependencia (de 1.700 a 600). «Para nosotros siempre es importante seguir mejorando, y el trabajo de la Sindicatura de Greuges siempre nos ayuda a mejorar, pero sin duda hay una mejora», ha aseverado.
Otro dato que ha resaltado es que en 2020 bajó el total de quejas recibidas por el defensor en un 10% y en un 3% las referidas a su Conselleria. También ha puesto en valor que el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales puso a la comunidad como ejemplo a seguir en España ante el crecimiento de beneficiarios de dependencia, un 14% por encima de la media mientras en otras regiones descendieron.
Como balance, Oltra ha recordado que el confinamiento no fue fácil para nadie y se evidenció en los trámites administrativos, además de recordar que la renta valenciana de inclusión estableció durante el primer confinamiento una «tramitación sumarísima» en la que solo era necesario presentar una declaración responsable para evitar trámites.
